Las empresas forestales tendrán que actualizar las condiciones de seguridad de sus plantaciones, dijo el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.
04 enero 2022El jerarca dijo que tras los recientes incendios, quedó a la vista que hay un “peligro inminente”, y que ahora empieza la etapa de evaluación en detalle de los daños ocasionados por el fuego y la revisión de las plantaciones forestales.
De acuerdo a las últimas evaluaciones, los incendios registrados en Paysandú y Río Negro consumieron 37 mil hectáreas, de las cuales al menos 15.000 son de producción forestal.
El intendente Olivera dijo esta mañana en Informativo Sarandi que ahora empieza la etapa de evaluación en detalle de los daños ocasionados por el fuego y la revisión de las plantaciones forestales. “Las empresas del sector deberán tener óptimas condiciones de seguridad”…
Nicolás Olivera afirmó que la prioridad es atender la pérdida que sufrieron los apicultores y alimentar a miles de cabezas de ganado…
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Nelson Ledesma, dijo en Agronegocios Sarandí que hasta ahora el sector funcionaba con “autogestión” en el ataque rápido contra incendios, pero esta vez las medidas de control fueron superadas por el efecto del viento. “El fuego saltó las barreras de defensas armadas e incluso cruzó rutas”…
Ledesma agregó que ahora comienza la etapa de evaluar daños en conjunto con las empresas forestales y resolver “caso a caso”…
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Intendente de Paysandú: “solo a un retorcido se le ocurrirá prender un fuego intencional en medio de una catástrofe”.
Nicolás Olivera informó que en su departamento “no se ha resentido el turismo” y que “hay gente en lista de espera para los centros termales”.
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El partido liderado por Guido Manini Ríos definió no firmar el documento denominado: “Estrategia de seguridad integral y preventiva”, con 15 propuestas para mejorar la seguridad en el país.
Autoridades de las zonas afectadas por los incendios plantean revisar la cercanía de las plantaciones forestales con centros urbanos.
La Ley vigente data de 1986 y se reclama tener en cuenta el crecimiento tanto de la actividad forestal como de los habitantes de los centros poblados. Se remarcó que es una modificación en la que deberían participar las intendencias.
