Las balas que lo amenazan todo: relatos de centros infantiles y juveniles sitiados por la violencia

No es necesario poner una fecha. Alcanza con decir que es algo que se viene agravando de la mano del avance de la violencia.

No necesariamente sorprende. De hecho, quizás no resulte novedoso. Quizás se haya naturalizado.

Sin embargo, es algo sobre lo que hay que volver con cuidado porque amenaza el derecho a la vida de los niños y adolescentes con más dificultades.

Hoy vamos a hablar de situaciones reales que ocurrieron en los últimos meses en barrios como Cruz de Carrasco, Casavalle, Nuevo Ellauri, Aquiles Lanza, Marconi y Piedras Blancas.

En estos lugares funcionan en convenio con INAU decenas de centros CAIF, clubes de niños y centros juveniles que ya no solo trabajan con ese producto herido y vulnerable de la violencia barrial e interpersonal, que son los niños, sino que además lo están sufriendo en carne propia.

Las balaceras, los tiroteos, las venganzas, las amenazas, la circulación de armas de fuego, las dinámicas de las bandas de narcotraficantes, están poniendo en jaque la continuidad de los servicios que funcionan con financiamiento estatal y en los que el INAU basa la mayoría de su atención en territorio.

Si esto llega al punto de que los trabajadores desisten de trabajar, y las familias desisten de mandar a sus hijos, si los vencen las balas o el miedo, no se sostiene la atención. Eso exactamente es lo que está pasando.

El INAU en Montevideo está dividido en cuatro regiones: norte, sur, este y oeste. Actualmente, la zona que está más afectada por estos problemas es la del este de la capital, no contra la costa claramente, sino de avenida Italia al norte.

Fuentes del INAU comentaron a LCS que vienen acumulando situaciones que dan cuenta de un “tejido social interno fragilizado”, “expresiones de violencia comunitaria con zonas consideradas puntos rojos”, avance de la pobreza crónica, derechos vulnerados y “redes institucionales que siguen funcionando, pero sin orientación clara de sus objetivos y posibilidades de alcanzar resultados”.

Dos trabajadoras sociales de la zona lo describieron así:

“Los eventos de violencia, sobre todo vinculados al microtráfico, no sólo afectan a la comunidad, sino que también condicionan la labor de programas y técnicos, que han visto limitado su ingreso y trabajo con NNA (niños, niñas y adolescentes) del territorio”.

“En particular durante este año hemos asistido a un aumento importante de las situaciones de violencia y enfrentamientos entre diferentes grupos armados en los horarios de funcionamiento de los centros, lo cual impacta no solo a la propuesta en sí no que también influye en la forma en la que los NNA llegan o se retiran de sus centros educativos”.

Y agregaron: “En lo que refiere a la población objetivo de nuestros proyectos, problemas como la violencia intrafamiliar, basada en género, el uso problemático de sustancias y las situaciones de salud mental no atendidas se ven agudizados por la ausencia de equipos de cercanía que realicen los acompañamientos necesarios”.

“La inseguridad limita la circulación autónoma de los adolescentes, especialmente en horarios de entrada temprana o salida tardía. Las dificultades para transitar por determinadas zonas del barrio, sumadas a la presencia intermitente de transporte público y las largas distancias hacia las paradas, generan inasistencias, llegadas tarde y situaciones de riesgo que afectan su derecho a la educación”, concluyeron.

En esta misma región, hace un par de meses mataron a tres personas frente a un CAIF. Según pudimos saber en LCS, educadores de esa institución le expresaron al INAU con insistencia que necesitan que se tomen medidas para “resguardar a toda la comunidad”.

También plantearon que la violencia está “repercutiendo significativamente en la asistencia de los niños al CAIF” por el temor y la inseguridad de las familias.

A su vez, tras ese triple homicidio tuvieron que suspender una actividad que tenían prevista con la comunidad en el barrio.

En otros casos, la amenaza que pone en riesgo el funcionamiento de los centros son los robos o rapiñas.

Supimos de una situación de un predio con varias casas donde hubo robos violentos por parte de un grupo de adolescentes. La mamá dijo que no llevaba más a su hijo al CAIF porque tenía miedo de salir a la calle.

Vamos a contarles con mayor detalle un caso de los que se dio en este contexto.

Hace cinco meses, una educadora de un CAIF sufrió un intento de rapiña cuando iba a trabajar, 11 am. En el forcejeo de la cartera se dio una situación singular, porque cuando los ladrones vieron que era una trabajadora del CAIF desistieron de robarle, pero le dijeron algo que generó una preocupación mayor: “Las educadoras del CAIF están todas muertas”.

Después de eso, las educadoras salieron dos veces a hacer lo que se llama “captación” de niños. Fueron en grupos de mínimo seis personas y aun así sintieron miedo en los trayectos, percibiendo situaciones incómodas y puertas cerradas.

La cosa empeoró cuando, al día siguiente, a las 14 hs, dos trabajadoras sociales que salían de trabajar del CAIF fueron atacadas presumiblemente por los mismos ladrones.

A solo 100 metros de la institución fueron abordadas por detrás, del cuello. Eran dos jóvenes y estaban armados. Las tiraron al suelo, las golpearon con la culata del arma y les robaron las mochilas. Una de ellas resultó muy lastimada.

Ante los gritos de las trabajadoras, algunos vecinos del barrio fueron corriendo al lugar, armados también, a defenderlas pero a los tiros. Ellas salieron corriendo al CAIF a pedir ayuda. Desde el centro escuchaban las balas de un lado y del otro. Imagínense.

Todo el CAIF quedó alterado con lo que pasó. Cerraron dos días. Una de las chicas no se reintegró a trabajar. Cuando reabrieron, lo hicieron con horario reducido.

El personal le pidió a la institución un vehículo para trasladarse en los distintos horarios de entrada y salida, diciendo que ya no pueden caminar solas por el barrio (son todas mujeres). Pero no hay rubros para eso, así que la asociación resolvió parcialmente con un vehículo particular y por tiempo acotado.

Una persona más renunció después por la situación vivida y dos más terminaron yéndose al mes debido a la inseguridad.

Vayamos ahora a un segundo relato.

Se trata de una ONG importante de la zona este de Montevideo que tiene CAIF, club de niños y centro juvenil en convenio con INAU.

En marzo de este año, se disponían a hacer un corso barrial organizado y planificado por toda la comunidad de la ONG dada la escasez de actividades culturales para los vecinos de la zona.

La actividad no se pudo hacer porque antes de empezar se desató una balacera muy cerca de donde estaban reunidos (niños, adolescentes, adultos). De casualidad no hubo heridos, pero sí se generó una gran angustia sobre todo en los chiquilines.

Dos meses después, a principios de mayo, mataron a una joven de 25 años, mamá de un niño del CAIF. La mataron con el chiquito en brazos.

A los 10 días asesinaron a balazos en su casa a un adolescente que había participado de actividades en el centro juvenil.

Dos días después, hubo una balacera con fuerte intercambio de tiros con la Policía en las inmediaciones de la ONG. Al día siguiente, otro fuerte tiroteo a dos bandas en la misma zona para repeler la presencia policial.

Doce días después, un intento de rapiña a un educador del centro juvenil.

Esta seguidilla de episodios trajo en los niños y adolescentes una sensación constante de inseguridad y miedo, a la vez que se ha naturalizado la violencia, dijeron los trabajadores de la ONG.

Se afectó la asistencia a las actividades porque las familias están preocupadas por el traslado y la circulación de sus hijos. Desconfían de lo que pueda pasar porque las balaceras se dan a cualquier hora.

Y también está el impacto en la institución y su personal. Se generó una exigencia permanente de contención ante situaciones de violencia, mayor exposición de los equipos, repliegue institucional (ya no pueden circular y ocupar espacios como antes), suspensión de actividades y sobrecarga emocional.

Según ha expresado la ONG al INAU, las reiteradas situaciones de violencia armada en diferentes horarios afectan y “comprometen seriamente las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de propuestas socioeducativas”.

También entienden que, si bien hay más patrullaje, no parece una “intervención efectiva para combatir” lo que está pasando.

Vamos a entrar ahora en lo institucional, comenzando por el Instituto del Niño y el Adolescente. Las respuestas para este informe las dio el vicepresidente del directorio, Mauricio Fuentes.

Uno de los temas, como explicaba Fuentes, es cómo lograr que la baja de asistencia de los chiquilines no impacte en la financiación de los proyectos.

Otro costado de esto es que a veces la intervención policial genera efectos contraproducentes porque nadie quiere asociarse con la Policía.

Luego le pregunté a Fuentes si él coincide en que la violencia está afectando la atención de los servicios y que impacta no solo en los niños y adolescentes, sino también en el personal, y esto respondió.

Seguimos con la institucionalidad, pero nos vamos al Ministerio del Interior, donde hay dos líneas de trabajo.

Una la lidera la división Género y Generaciones, que trabaja con INAU en protocolos y otras acciones, y la otra recae en la Dirección de Convivencia, actualmente dirigida por Víctor Abal.

Consultamos a Abal para saber qué se está haciendo y qué se puede hacer en este escenario.

La violencia ha generado demandas y necesidades concretas que desde la Dirección de Convivencia han intentado solucionar mediante la articulación con otros organismos, como la intendencia.

Otra arista del tema es cuando hay balaceras y tiroteos en el entorno del centro. Ahí no es la Dirección de Convivencia la que actúa, sino la jefatura de la zona.

Haciendo este informe me contaron por ejemplo de un CAIF en el que, en dos oportunidades, con diferencia de 15 días, hubo balaceras en los alrededores en plena tarde, con los chiquilines ahí: un día a las 15 hs y otro a las 14 hs.

En ambos casos los educadores dejaron a los niños adentro de los salones y avisaron a sus familias que estaban todos bien, pero no salieron al exterior del local hasta finalizar el horario.

También llamaron al 911 y la respuesta fue que ya habían recibido “múltiples llamados” al respecto y que estaban “patrullando”.

Después de esos dos episodios, ese CAIF pidió ampliar el horario de patrullaje en la zona, lo cual según el Ministerio del Interior se está haciendo.

De hecho, según pudimos saber en LCS, desde el INAU se entregó una lista de lugares donde era necesario intensificar los controles policiales y se está avanzando en esto.

En relación a las balaceras, hay un protocolo vigente sobre cómo actuar, pero es de 2019. En 2024 se hizo una nueva versión, que nunca se aprobó porque cayó en el cambio de gobierno. Por lo que nos dijo Fuentes, se está actualizando y accedimos al borrador, que si nos da el tiempo podemos repasar.

Un dato que manejan en INAU es que de los ocho niños o adolescentes fallecidos por herida de bala en lo que va del año, dos tenían alguna vinculación con el organismo a través de diferentes proyectos.

Pero lo que más me llamó la atención es que no tienen en INAU un registro de NNA que asisten a servicios de INAU y que resultaron heridos pero no fallecidos.

Esto decía Mauricio Fuentes al respecto:

Los niños y adolescentes heridos de bala en lo que va de 2026 fueron 22, según el recuento que lleva la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS).

Otras fuentes vinculadas a la protección de los niños y adolescentes en Uruguay, que prefirieron no figurar en este informe, advirtieron sobre un “desconcierto grande en los operadores sociales en territorio” respecto a la violencia y la circulación de armas que hay en algunas zonas.

Eso hace que no haya políticas o proyectos activos interinstitucionales para abordar el tema. No hay ningún mecanismo de articulación o protocolos de actuación que impliquen a varias instituciones y que puedan al menos seguir la situación de los niños.

Cuando llega un niño baleado al Pereira Rossell o a donde sea, lo atienden, le dan el alta y no pasa más nada. No hay un “trackeo”, un seguimiento de esa situación, o un enlace con alguien del territorio o con el INAU.

Tampoco se analiza si ese niño tiene hermanos o no, a dónde va a volver, a qué escuela asiste, cuál es la situación de su familia, aseguraron las fuentes.

“Hemos sabido de casos en los que se baleó dos veces a una misma persona, con niños alrededor. ¿Nadie pensó que si pasaba una vez podía haber una segunda?”, se preguntaron.

Además, Uruguay no tiene un sistema de información de la infancia. Está todo fragmentado, cada organismo tiene el suyo y no se interconectan. Quienes trabajan en estos temas aseguran que cuando se enfrentan a situaciones de violencia armada o de abuso sexual, está muy limitado el rastreo de información integral de las víctimas.

No hay una “gestión de casos”, dicen, sino que el abordaje es tan fragmentado, tan pieza a pieza, que no es eficiente.

Justamente para atender este tema este año se creó bajo el liderazgo de la Institución Nacional de Derechos Humanos un grupo de trabajo que terminará con recomendaciones a las autoridades.

Lo cuenta Jimena Fernández, de la Institución.

El Grupo es coordinado por la INDDHH y está integrado por INAU, ANEP, ASSE, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Suprema Corte de Justicia, Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Gurises Unidos, Plataforma de Infancias y Adolescencias, CIPPUS y UNICEF Uruguay.

La integración refleja una idea clave: ningún organismo puede abordar este fenómeno por sí solo.

Escuchá el informe de Paula Barquet en Las Cosas en su Sitio: