Durante 2023 y 2024 el Poder Ejecutivo, a través de ANCAP, firmó varios contratos con empresas petroleras para realizar exploración y producción de hidrocarburos en 7 bloques en la Zona Económica Exclusiva del océano Atlántico.
En este contexto también se firmaron contratos con empresas bajo modalidad multiclientes para la realización de prospección sísmica.
¿Qué son los contratos multicliente? Aquellos en los cuales las empresas de servicios (en particular proveedores de datos sísmicos y geofísicos) invierten a su propio costo y riesgo en la adquisición de datos y/o generación de información que podrían ser licenciados por varias compañías petroleras.
Pero, volviendo a la prospección, este proceso implica la adquisición, el procesamiento, la interpretación y luego la venta de datos sísmicos en tres dimensiones. ANCAP es el dueño de esos datos y recibe un porcentaje, acordado por contrato, de las ganancias por concepto de ventas de licencias.
En el marco del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (Dinacea) se encuentran en evaluación las solicitudes de Autorización Ambiental Previa de 4 proyectos para esas prospecciones sísmicas.
Es importante aclarar que los 4 proyectos fueron clasificados por el Ministerio de Ambiente en la Categoría "C", es decir, con potencial de generar impactos ambientales negativos significativos.
Vamos a mencionar brevemente el detalle de las empresas, fechas de los contratos y situación actual de cada uno de los proyectos.
1. PGS EXPLORATION UK LTDA, trámite iniciado en julio de 2024, en etapa final de evaluación, ya realizadas las instancias de participación pública que establece la ley.
2. CGG SERVICES (US) INC, trámite iniciado en setiembre de 2024, también en etapa final de evaluación, y ya realizadas las instancias de participación pública.
3. SEARCHER GEODATA UK LIMITED, Trámite iniciado en diciembre del 24, en etapa de evaluación, realizadas la puesta de manifiesto público y la audiencia fue el pasado 5 de agosto.
4. APA EXPLORATION LDC SUCURSAL URUGUAY. Es el último expediente, también de marzo de 2025. En etapa de evaluación, y la audiencia fue también el pasado 5 de agosto.
Hay un quinto de la empresa SPECTRUM GEO LIMITED SUCURSAL URUGUAY, cuyo trámite fue iniciado en marzo de este año, y suspendido a solicitud del interesado, seguramente por los costos que conllevan los estudios.
Para que quede claro, los primeros tres se firmaron en el gobierno de Lacalle Pou, y los últimos dos se firmaron al comienzo de esta administración.
En el gobierno de coalición, entre 2022 y 2023, se hicieron las llamadas rondas abiertas, un sistema que permite a las empresas petroleras presentarse para calificar y ofertar. Esta es la primera vez que todas las áreas del offshore tienen contratos vigentes.
Los contratos son del tipo “Contrato de Producción Compartida”, que traslada todos los costos y riesgos al contratista, a quien se le retribuye con parte de la producción, si la hubiere.
Otra cosa que hay que decir es que los contratos son públicos ya que se autorizan por decreto del Poder Ejecutivo y ANCAP los firma con la empresa sin modificación alguna. Fueron publicados en el Diario Oficial.
Según ANCAP, la inversión total estimada para la etapa de exploración supera los US$ 160 millones.
Todo esto ocurre porque se reavivó el interés de las petroleras de buscar en el sur, y específicamente en Uruguay, por las similitudes geológicas que hay en relación a Namibia, el país africano donde a principios de 2022 hubo dos grandes descubrimientos de petróleo y gas.
Hay empresas que ya buscaron en nuestro territorio y otras que aparecieron ahora. Y un antecedente negativo: en 2016, la empresa Total ya hizo una perforación en suelo marítimo y no encontró petróleo.
Pero en estos días el foco está en las tareas prospección sísmica, y en su eventual aprobación.
Porque los barcos prospectores utilizan disparos de aire comprimido que emiten señales sonoras de alta intensidad con el objetivo de cartografiar el fondo marino.
Y es una práctica cuyas consecuencias en los ecosistemas marinos han sido documentadas a nivel científico e incluso fueron admitidas en los estudios de impacto ambiental privados que presentaron las empresas postulantes.
En esos estudios, según detalla un excelente artículo publicado hace algunos días en Brecha, las empresas mencionan cinco grupos de efectos ambientales y proponen para eso planes de reducción de daños y algunas medidas compensatorias.
Los efectos son:
a) afectación física y al comportamiento de la fauna
b) afectación a sitios de particular relevancia para su conservación por la operación de fuentes sísmicas (como el “área de cría permanente de la merluza”)
c) interferencia con la pesca comercial por presencia física de equipamiento y buque
d) afectación de la pesca comercial por afectación del recurso pesquero
y e) percepción social negativa del emprendimiento.
Las evidencias científicas documentan el riesgo de daños físicos en mamíferos marinos, como ballenas y delfines. Los efectos no solo pueden afectar su conducta, orientación, alimentación y ecolocalización, sino que también pueden ser letales para estas especies que tanto nos entusiasma ver desde las playas del este.
Las repercusiones también alcanzan a las tortugas marinas y comprometen a la población de huevos y juveniles de peces.
Para este conjunto de impactos, las empresas dicen que incluirían “especialistas en observación de fauna marina” para verificar la ausencia de ejemplares en toda la operativa y proponen un encendido progresivo de las fuentes de sonido “para favorecer el ahuyentamiento” de los animales.
En cuanto a la pesca, se propone que haya restricciones temporales y espaciales para no afectar la reproducción y cría en zonas relevantes y llevar adelante estudios de concentración de huevos y larvas.
Y prometen un protocolo de reclamos para eventuales pérdidas para los pescadores que, como veremos en un ratito, ya vienen bastante golpeados.
Para paliar la “percepción social negativa” de los emprendimientos, se sugieren herramientas de comunicación y “relacionamiento comunitario”.
Y prometen compensar mediante la contratación de mano de obra local: tres observadores de fauna, dos operadores de monitoreo acústico pasivo y personal en las embarcaciones de apoyo. Es posible que termine incluyendo a los propios pescadores afectados.
Desde ANCAP nos dijeron que, si bien se están tramitando 4 proyectos en paralelo, con extensiones de hasta 45.000 Km2, estos 4 proyectos están compitiendo y se estaría realizando una única adquisición sísmica 3D de unos 6000 Km2, la que resulte seleccionada por parte de las empresas petroleras.
Días atrás hablamos con Alejandro Nario, actual director de DINACEA y exdirector de la DINAMA.
Nario nos dijo que, por todo lo que venimos hablando, la exploración sísmica NO es prioridad del Ministerio de Ambiente. Pero desde esa cartera, más allá de lo que opinen, hay que asegurar desde el punto de vista técnico que se cumpla con los requisitos.
En definitiva, hay un punto en el que el gobierno al más alto nivel debe analizar hasta dónde quiere avanzar.
El tema es la posible contradicción, y cómo se resuelve: el proceso de descarbonización y el cambio de matriz, frente a esto. ¿Es compatible? ¿Nos podemos dar el lujo de prescindir de petróleo, en caso de que haya?
En LCS hablamos con Cecilia San Román, la presidenta actual de Ancap. Lamentablemente no pudimos grabar su voz porque nos respondió por escrito, pero vamos a leer parte de sus respuestas.
San Román dice:
“Nuestro país ha progresado en la transición energética, generando toda su electricidad prácticamente a partir de energías renovables (lo cual es algo muy positivo y nos llena de orgullo) y ha identificado a los biocombustibles y al hidrógeno verde y sus derivados como los combustibles sustentables claves para seguir profundizando la transición, en la que pretende descarbonizar otros sectores de su economía, tales como el transporte y la industria pesados, donde prácticamente no hay sustitutos técnica y económicamente viables al petróleo y son difíciles de electrificar”.
“Sin embargo, si analizamos la matriz primaria de energía de Uruguay (no sólo la eléctrica) vemos que el consumo de petróleo no se ha reducido a pesar de la incorporación de las energías eólica, solar y biomasa, sino que se viene dando una adición en vez de una transición”.
Nos compartió una gráfica que justamente muestra esto. Luego dice que las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía señalan que habrá un aumento del consumo global de energía de 17% entre hoy y el 2050, manteniéndose casi constante el consumo de petróleo y gas natural, descendiendo la participación del carbón, alcanzando los fósiles el 62% del total.
Entonces, ante la pregunta de si hay una contradicción en la estrategia país, y cómo se puede concebir está búsqueda de hidrocarburos en el marco del "Uruguay natural", San Román dice que:
“ANCAP no plantea aumentar el uso de combustibles fósiles (por ejemplo, invirtiendo en aumentar la capacidad de su refinería), sino que se limita a cumplir con la obligación legal de abastecer los combustibles que el país requiere en forma continua, segura y con la calidad adecuada, pero propendiendo a descarbonizar nuestras actividades industriales a través de nuevas tecnologías y aplicando medidas de eficiencia energética”.
“Por lo tanto -dice la presidenta de ANCAP- la exploración y eventual producción de hidrocarburos no implica un retroceso en la ambición de ANCAP de liderar la producción de combustibles sustentables que se están comenzando a demandar y se consumirán cada vez en las próximas décadas”,
Y además dice: “En el caso de que Uruguay consumiera menos combustibles fósiles que su eventual producción, podría exportar los excedentes para cubrir la demanda del resto del mundo, beneficiándose de los ingresos que la venta de estos recursos implicara, para invertir en proyectos de energías renovables, biocombustibles e hidrógeno verde, impulsando aún más la transición energética”.
Lo pone en términos de soberanía: “mientras se continúe consumiendo combustibles fósiles en nuestro país, la producción nacional de petróleo y gas natural permitiría reducir la dependencia de importaciones, mejorar la balanza comercial y alcanzar soberanía energética”.
Entonces, aparece el tema de los costos, pero también el de la oportunidad.
Sobre esto hablamos con Ramón Méndez, exsecretario de Energía (2008 – 2015) y uno de los principales impulsores del cambio de matriz energética.
Él nos decía que, en caso de que alguna de las prospecciones encontrara petróleo, luego hay que hacer “seis o siete pozos más”.
Esto porque habría que ver cuál es la extensión del yacimiento, la presión a la que está el combustible ahí, y después conseguir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para diseñar la planta de extracción.
Todo eso, según Méndez, llevaría al menos 10 años. Con lo cual en el mejor escenario posible tendríamos petróleo recién en 2035. Y él dice: ¿Cómo será el mundo en 2035?
Pero, además, ¿a qué precio podría llegar a tener petróleo Uruguay? Para Méndez, es imposible para Uruguay tener un modelo de negocios que compita con los países que consiguen petróleo de forma mucho más sencilla.
Un actor que de forma inesperada se metió en esta discusión es la Institución Nacional de Derechos Humanos.
En un oficio al que accedió LCS, con fecha 31 de julio, el entonces presidente de la institución, Marcos Israel, se dirigió a las autoridades del Ministerio de Ambiente planteando que, en el marco de sus competencias, solicita como medida provisional de carácter urgente y a fin de impedir la consumación de perjuicios, que se suspendan de forma inmediata las autorizaciones ambientales vinculadas a la prospección sísmica offshore, acreditándose a la INDDHH el acatamiento de dicho acto.
La institución había recibido una denuncia de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en referencia a los contratos firmados por ANCAP.
Y si bien en el oficio Israel menciona que es consciente de que los proyectos se encuentran en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente, tal como establece la ley, pide de todas formas que se suspenda.
Los denunciantes afirman que Uruguay enfrenta limitaciones económicas, técnicas y de recursos humanos para ejercer un control efectivo sobre actividades que operan mar adentro y en especial en alta mar.
Por otro lado, los denunciantes indicaron que los compromisos internacionales en relación al cambio climático implican el abandono o reducción del uso de petróleo, en lugar de su desarrollo.
Desde el Ministerio de Ambiente dijeron a LCS que este oficio de la INDDHH fue tomado muy mal porque se sintieron presionados.
En la respuesta firmada por el ministro Edgardo Ortuño, y a la que también accedimos, se responde aclarando (una vez más) que todo este proceso empezó en el periodo pasado, y aludiendo a la normativa de evaluación de impacto y sus distintas fases.
Por si alguien quiere mirar, esto está en el Decreto 349/05.
1. Comunicación del proyecto
2. Clasificación del proyecto (B ó С).
3. Solicitud de la Autorización Ambiental Previa (AAP)
4. Puesta de manifiesto de un Informe Ambiental Resumen
de la solicitud de Autorización Ambiental Previa.
5. Audiencia pública para aquellos proyectos clasificados como C, (o los que DINACEA establezca)
6. Informe técnico final
7. Resolución de otorgamiento de la Autorización Ambiental Previa.
Y se plantea que aún no hay ninguna autorización ambiental previa.
La postura del ministro Ortuño, que no quiso hacer declaraciones para este informe, la podemos recoger de una nota que salió en La diaria el 3 de junio.
Ahí decía sobre la exploración sísmica no tener una mirada “de oposición al avance de la exploración”, pero sí “celosa de la consideración y la acción de los temas ambientales”,
Y apuntaba que el ministerio ya le ha transmitido a Ancap, e incluso a algunos actores privados, que se hará “una regulación activa y restrictiva”.
¿Han escuchado hablar de la Red Unión de la Costa? Es una organización que se creó en 2018 después de una jornada de encuentro costero en Punta del Este.
Se juntaron 14 agrupaciones que decidieron trabajar en conjunto y armaron un grupo de whatsapp. Han crecido al punto que hoy son 105 agrupaciones de muy distintos tipos, algunas locales y otras nacionales, bajo ese paraguas. Entre ellas está la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, organización que mencionábamos hace un ratito porque hizo la denuncia ante la INDDHH.
Sandra Corbo es una de las 20 personas más activas dentro de esta red de organizaciones. Como representante de la Red Unión de la Costa, nos contó cuál es su posición y enumeró los daños que podría generar esta actividad.
Uruguay no está preparado para esto, dice Corbo: no hay seguimiento, ni presupuesto, como para controlar el impacto en caso de derrame, por ejemplo.
Ella habla de la destrucción del ecosistema costero como principal consecuencia para oponerse.
Hubo cuatro audiencias públicas para que las empresas expusieran sus planes y las comunidades pudieran plantear dudas, tal como repasábamos en el detalle de las fases. La red participó de estas instancias y entienden que las instancias de diálogo se tienen que mejorar sustancialmente para hacer efectiva la participación ciudadana.
También hablamos con Raúl Viñas, de MOVUS, otra de las organizaciones que integra la Red Unión de la Costa.
Para Viñas, las exposiciones de las empresas fueron pobres y es evidente que no habrá una mitigación acorde con el cuidado del ambiente.
Escuchá el informe completo de Paula Barquet en Las Cosas en su Sitio: