Tiempos de espera y servicios VIP en la salud: ¿causa y consecuencia?

Hace poco menos de un mes, el Ministerio de Salud Pública sacó un nuevo decreto que ajusta los tiempos de espera para el acceso a algunas especialidades, tratamientos y estudios.

Hasta entonces, regía el decreto 365/007, que se hizo cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, y que estipula algunos tiempos máximos con los que las instituciones deben cumplir.

Muchas veces, los usuarios han recurrido a ese decreto para hacer valer su derecho cuando las instituciones los tenían esperando más tiempo del debido.

Pero este decreto no alcanza porque, con el paso del tiempo (casi 20 años), se ha visto que no se contemplaba un montón de escenarios posibles.

Además, casi dos décadas después de la reforma de la salud, las instituciones médicas han creado lo que se llama servicios VIP, dando mejores servicios a quienes pueden y quieren pagar, e incluso más rápido acceso en algunos casos.

Todo esto ha estado y está en la agenda política, pero para entender lo que se está discutiendo tenemos que comenzar por entender en qué consiste la normativa aprobada a principios de marzo.

Para eso conversamos con Gabriela Pradere, economista y actual presidenta de la Junta Nacional de la Salud (Junasa), que administra el dinero del sistema y vela por el cumplimiento de lo establecido en la reforma, en 2007.

Pradere está en el MSP desde 2005, o sea que participó de la implementación de la reforma sanitaria, aunque en otros roles.

La economista nos explicó cuáles son, en esencia, los cambios que se proponen respecto al sistema que funciona actualmente.

Según la jerarca, más que un tema de tiempos de espera, se trata de corregir el acceso a los servicios.

El usuario debe saber entonces que, para reclamar el plazo que establece el decreto, debe tener un pase de derivación de su médico.

Al decreto se le estableció un plazo de 60 días para su entrada en vigencia desde la aprobación. Esto significa que empieza a regir el 4 de mayo.

Pradere nos explicó que en este tiempo se va a establecer que algunas especialidades sean de acceso directo, por ejemplo, oftalmología. Eso va a estar regulado en una ordenanza.

También explicó que la idea no es “prohibir” el acceso directo, sino priorizar a aquellos que tienen pase.

Hay otros dos cambios importantes: se regulan los plazos para los estudios y se prohíbe que las instituciones pongan límites a la receta de medicamentos por parte de ciertas especialidades, más allá de lo que estipula el organismo rector. Lo explica Pradere:

Es en el Formulario Terapéutico Médico donde está definido cuáles son los medicamentos que son obligatorios y sus niveles de prescripción.

Por ejemplo, la pantalla solar antes estaba restringida solo a dermatólogos. Eso se corrigió el año pasado y ahora cualquier médico puede recetarlo.

Las únicas restricciones pueden estar en el FTM. Las instituciones, según este nuevo decreto, no pueden agregar limitaciones a la prescripción.

Hay más cambios, pero vamos a hacer un parate para conocer qué piensan los prestadores acerca de su propio cumplimiento de los tiempos de espera hoy en día.

Primero vamos a escuchar la voz de los prestadores del interior agrupados en la Federación de Prestadores Médicos del Interior. Hablamos con Aníbal Cataldo, presidente de Fepremi.

Se trata de instituciones más bien pequeñas, pero que no tienen problemas financieros. Lo que sí tienen es una tensión por la búsqueda de eficiencia en relación a la distribución geográfica de los servicios.

Mientras en Montevideo hay 2300 habitantes por km2, en la zona de la red Fepremi hay, en promedio, 5 habitantes por km2.

Esto puede determinar que la licencia de un especialista genere una ausencia en un lugar determinado y se aumente el tiempo de espera para acceder.

En términos generales, Cataldo dijo a LCS que lo de los tiempos de espera es un tema presente en el mundo entero porque hay un comportamiento poblacional que requiere de más frecuencia en el uso de los servicios de salud.

Nos venimos a Montevideo, donde la realidad es más compleja y diversa.

Y donde las instituciones prefieren no hablar del tema. Consultamos a las autoridades de dos mutualistas grandes, y en ambos casos desistieron.

Tampoco quiso hablar el titular de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Alfredo Torres. Se excusó diciendo que no puede hablar en nombre de todas.

Lo que podemos decir de las mutualistas es lo que plantearon cuando fueron al Parlamento, a la comisión de Salud de Diputados, en setiembre de 2025.

Allí dijeron que los tiempos de espera que estipulaba el decreto anterior se cumplían, y que en todo caso era responsabilidad del MSP como organismo rector vigilar si eso no ocurría en algún caso.

Las palabras textuales de Antonio Kmaid, abogado de las instituciones, fueron: “Yo afirmo hoy que nosotros lo cumplimos, que el sistema mutual lo cumple en términos generales y en una amplísima mayoría de casos. Eventualmente, puede haber excepciones, pero la accesibilidad, en ese contenido, no es un problema”.

También plantearon que a su juicio no era necesario hacer una nueva normativa al respecto.

Y vayamos a ASSE, el prestador público en el que se atiende la mitad de la población uruguaya.

En ASSE también nos dijeron que no querían dar declaraciones. “No hay mucho para decir sobre el nuevo decreto”, nos comentaron ante la consulta.

Lo que sí aportaron fue una serie de datos sobre la demanda que tienen acumulada y cómo la están gestionando.

Según dijeron las fuentes del organismo, en 2025 aumentó el ingreso de solicitudes de interconsultas en un 20% en relación a 2024, y también aumentaron 28% las consultas agendadas.

Estamos hablando de más de 100.000 consultas. Esto se hizo, según dijeron, mediante “la optimización de la oferta de consultas de especialistas y gestión de las solicitudes”.

Esa demanda estaba atrasada desde hacía años, literalmente. De hecho, miren este otro dato que nos compartieron: el 30,4% de las consultas asignadas en 2025 resolvieron solicitudes ingresadas en 2024, 2023, 2022 y años anteriores.

Nos dijeron que aún queda un 10% de las consultas de 2024 y un 20% de las de 2025, sin contar las generadas en estos meses de 2026.

Ahora volvamos a la mirada del Ministerio de Salud, el órgano rector, sobre esta realidad.

La presidenta de la Junasa, Pradere, insiste con que hay que corregir temas de organización que se arrastran desde hace 20 años, cuando se creó el SNIS, y que ahora se están empezando a atender.

Esta comisión se supone que va a monitorear permanentemente el cumplimiento de la nueva normativa para vigilar y para generar datos fidedignos.

Pero no es tan sencillo. Pradere nos explicaba que la complejidad de medir los tiempos de espera es determinar cuándo se genera la demanda.

Por ejemplo: si no hay una indicación médica de derivación a un especialista, no hay forma de saber cuándo esa persona requirió la consulta.

A veces algunas instituciones habilitan agenda solo un día a la semana. Está la agenda web, por teléfono, la agenda presencial de la persona que fue al mostrador, la agenda por mail que demora en procesarse…

Hay mecanismos de agenda diferentes según institución, según región, según perfil poblacional…

Además, puede suceder que un usuario tenga el pase a especialista, pero no lo tramite.

O que le den una hora y que no le sirva por equis motivo.

Para el nuevo sistema de información, la idea es recoger todos esos “problemas” y tomar ejemplos de otros países.

¿Cómo funciona hoy? No hay buenos números, reconocieron desde el MSP.

De hecho, el ministerio dejó de publicar la información porque consideran que no era de calidad en función de las dificultades que hay para medir.

Con la información existente al día de hoy, casi todas las instituciones cumplen con los plazos previstos en la normativa y los que excedían de ella (que fueron 5 en el segundo semestre de 2024), solo lo superaban en un día promedio.

Pero el MSP actualmente no valida esos datos.

Un indicador al que sí prestan atención es la movilidad que se da entre instituciones por este motivo, es decir, cuánta gente cambia de prestador argumentando tiempos de espera.

Y eso no llega al 0,01%. Hablamos de menos de 200 personas en 2025 de un total de 2 millones y pico de afiliados Fonasa.

Es curioso, pero en el ministerio entienden que esto podría deberse a que, al final, la gente logra resolver sus problemas de salud.

Otra hipótesis es que se trata de un problema generalizado, por lo cual moverse de institución no lo va a solucionar.

Por otra parte, accedimos a un estudio de Equipos Consultores que en 2022 relevó, entre otras cosas, la opinión de los usuarios respecto a lo que demoraron en acceder al médico o al estudio que necesitaban la última vez que acudieron al sistema.

Discriminado por prestador de salud, se concluye que entre los usuarios de ASSE, 46% consideró “adecuado” el tiempo que esperó, mientras que 51% entiende que “tardó demasiado”.

Entre los usuarios de mutualistas, 59% sintió que el tiempo fue “adecuado” y 40% que se tardó demasiado.

Y entre los usuarios de los seguros es donde se ve mayor satisfacción: 69% habló de tiempos adecuados y 31% de tiempos excedidos.

Hasta ahora hemos visto cómo los prestadores cumplen o no con los tiempos de espera, y lo que el MSP resolvió ajustar al respecto.

Pero esto tiene un punto de contacto con otro asunto que es el de los servicios VIP que algunas instituciones ofrecen para acelerar caminos.

Y en este punto vamos a la pregunta del comienzo: tiempos de espera y servicios VIP, ¿tienen una relación de causa y consecuencia?

Escuchemos a otro conocedor a fondo del sistema de salud, Luis Gallo, que presidió la Junasa entre 2010 y 2015 y hoy es diputado por el Frente Amplio.

Gallo nos explicó la base sobre la que surgen estos servicios.

Cuando una prestación está en el PIAS, tiene precios regulados. Eso hace que una cirugía que antes salía 30 mil pesos, pase a ser gratis.

La asistencia de emergencia y urgencia es una de las prestaciones obligatorias para las instituciones. Todos los usuarios deberían poder acceder en igualdad de condiciones.

Sin embargo, esto no siempre ocurre. Lo cuenta una usuaria anónima de la mutualista Casmu, que está muy conforme con los médicos, pero disconforme con una experiencia que tuvo recientemente.

Entonces, ¿cómo funcionan los servicios VIP? ¿Qué son y qué no son?

Volvemos a Gallo para que lo explique.

El diputado nacionalista José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud, nos explicó lo que ocurrió con este tema en el periodo pasado.

Dijo que al comienzo de la gestión empezaron a estudiar “los fallos del sistema”. Así, atendieron varios temas. Entre otras cosas, se eliminó el corralito mutual y se pasó a la movilidad regulada, y se crearon dos áreas para reforzar los controles a las mutualistas.

Según él, los servicios VIP era un asunto más a atender en ese marco general. Por eso se presentó su eliminación dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas de 2021.

Sin embargo, el Parlamento entendió que había que desglosarlo, separarlo de la ley de rendición, y enviar el tema a comisión de Salud en el entendido de que era algo que afectaba el SNIS.

Así, la iniciativa se perdió entre otros proyectos y prioridades. Y en la legislatura actual, lo retoma el FA.

Ahora, ¿qué postura tienen en el Partido Nacional al respecto? Lo responde Satdjian.

Para Satdjian, los servicios VIP contribuyen al problema del acceso, pero no son un factor determinante de los excesivos tiempos de espera en el sistema.

Además, considera que debe atenderse en conjunto con los otros problemas que arrastra el sistema.

Volviendo a los servicios VIP, la regulación que se está discutiendo en el Parlamento tiene un problema, y es que eliminarlos podría ser jurídicamente inadmisible porque hay gente que ya contrató ese servicio cuando era legal.

Entonces, las opciones son dos: eliminarlos de ahora en más, y que se vayan suprimiendo en la medida que los usuarios que los contrataron vayan falleciendo; o establecer un porcentaje aceptable por institución.

Lo explica Luis Gallo:

Sobre el tema de los servicios VIP, Pradere dijo que no está entre las “prioridades inmediatas” del MSP, pero sí en la agenda de cuestiones a mejorar del sistema.

A su juicio, puede haber un problema de implementación y no de diseño.

Es una discusión compleja, y está sobre la mesa.

El MSP sostiene que reforma es perfectible. La prioridad hoy es el acceso real de las personas al servicio, y eso se manifiesta en la regulación de los tiempos de espera y en la actualización del PIAS.

Escuchá el informe completo de Paula Barquet: