El océano, la búsqueda de petróleo, y un acuerdo de confidencialidad que hace ruido

Vamos a entrar en un tema que ha salido en algunos medios estos días y que ha generado controversia, porque tiene que ver con la prospección sísmica, la participación de la Universidad de la República, y sobre todo con la transparencia de la información.

Se trata de un convenio firmado entre Ancap y la Facultad de Ciencias de Udelar, que apunta a que la empresa petrolera estatal tenga información científica relevante en uno de los bloques donde se buscaría petróleo y gas, el OFF-6, por parte de la empresa estadounidense APA Corporation.

En ese convenio, que actualmente está disponible en la web donde se publican todos los convenios de Udelar, hay algunas cosas que llamaron la atención de las organizaciones ambientales.

El acuerdo prevé «cubrir vacíos de información» y diseñar muestreos destinados al monitoreo de la hidrodinámica local y regional, la morfología del fondo marino y su composición sedimentar, incluidos organismos micro y meiofaunales, y los diferentes componentes de la biodiversidad, con énfasis en «los ecosistemas vulnerables» prioritarios para la conservación o por su interés pesquero.

Lo firman, por Ancap, la gerenta de Medio Ambiente, Seguridad Social y Calidad, Andrea Rivoir. Y por la Facultad de Ciencias, el decano Juan Cristina.

El convenio implica hacer una “caracterización primaria” para seleccionar indicadores que permitan dar seguimiento al estado de conservación de los diferentes componentes de biodiversidad que se prioricen.

Se propone considerar algunos “componentes de la biodiversidad marina” en particular, como la “caracterización hidrodinámica de la zona” (todo desde el punto de vista de entender los procesos oceanográficos para la productividad de la zona y su biodiversidad).

También se estudiará la comunidad planctónica, la biogeoquímica del agua, el análisis geoquímico del sedimento, y el detalle sigue.

Y dice textualmente: “Diseño de indicadores de estado de conservación para realizar monitoreos en el tiempo, en el eventual Programa de Seguimiento Ambiental asociado al Proyecto de Pozo Exploratorio Petrolero.

En ese sentido, se detalla el seguimiento de mamíferos marinos, tortugas, aves y peces pelágicos, todo lo cual estuvo en la discusión previa a la autorización ambiental.

La Facultad de Ciencias se compromete a presentar a ANCAP un informe parcial con los avances concretos 90 días después de la firma del acuerdo, que fue el 23 de enero. Y en esa fecha también a entregar el documento que diga cómo se hará el muestreo.

Esto le significará a la Facultad de Ciencias un pago de 100.000 dólares que se entregará así: 50% a la firma de convenio, 40% contra entrega del informe parcial, y el resto con el producto final.

Hasta ahí, no hay demasiada polémica. El asunto es el uso que se le va a dar a esta información científica.

En ese sentido, en el convenio se especifica que Ancap autoriza a la facultad a hacer “uso académico de los desarrollos metodológicos” que surjan de este trabajo, y necesitará autorización del ente para realizar “comunicaciones y/o publicaciones científicas”.

Toda la información generada en el marco del convenio, en tanto, “podrá ser utilizada discrecionalmente por parte de ANCAP”.

Pero, además, hay una cláusula que refiere a la confidencialidad. Dice: “Las partes se obligan a guardar la más absoluta confidencialidad respecto de cualquier información considerada e identificada como tal claramente al momento de la divulgación, como sensible y/o de potencial importancia estratégica para ANCAP”.

“No será considerada información confidencial aquella que se divulgue por autorización expresa de la otra parte o por requerimiento judicial”, se aclara.

Esto es, en esencia, lo que dice el convenio y lo que ha molestado a las organizaciones. En LCS hablamos con un representante de la Red Unión de la Costa, Fernando Niggemeyer, que nos explicó su postura.

La Red reconoce la importancia de la cooperación entre organismos públicos, empresas estatales y la academia. Sin embargo, entiende que los convenios de investigación “no deberían imponer restricciones incompatibles con la naturaleza de la investigación científica ni con el carácter público de la universidad”, dicen en un comunicado.

Según informó el medio especializado El Zumbido, la asociación civil Derechos con Voz presentó un recurso de revocación del contrato y solicitó la suspensión en forma cautelar del convenio.

Se amparan en varias normativas: el artículo 47 de la Constitución, el principio precautorio –que establece que ante la amenaza de un daño grave, la falta de certeza científica absoluta no debe postergar la adopción de medidas para prevenir la degradación ambiental– y el Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo, como mencionaba Niggemeyer, refiere a la transparencia en lo ambiental. Se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En Uruguay está plenamente vigente desde 2021.

En LCS nos comunicamos con Valentina Piquinela, la abogada que patrocina a la organización en este recurso.

Piquinela explicó que la pretensión es que se revoque todo lo que se considera confidencial, que se concentra sobre todo en la cláusula 7 y parte de la 6.

“No estamos impugnando el convenio como tal, sino la existencia de información que no sea pública”, afirmó Piquinela.

Se trata de un recurso administrativo contra Udelar, dirigido directamente a la Facultad de Ciencias, para que lo revise y revoque.

Según pudimos saber desde LCS, el tema está en este momento en manos de Jurídica de Udelar, que en principio tendría más recursos de revocación. También han recibido pedidos de acceso a la información.

Pero, más allá de la confidencialidad, hay otra cuestión polémica sobre este convenio y es que quien lo impulsó a nivel de la facultad, según informó Brecha, fue Leticia Burone, doctora en Oceanografía y profesora adjunta del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), que también fue coordinadora de la expedición «Uruguay Sub-200. Viaje a lo desconocido».

El artículo de Brecha dice que Burone introdujo a consideración de la facultad el borrador del convenio y que eso “cayó como un balde de agua fría” en algunos ámbitos universitarios. 

En esa línea, el director del IECA de la Facultad de Ciencias, Marcel Achkar, firmó una resolución el 3 de diciembre que refiere al convenio. En el texto plantea que la cooperación técnica y científica entre la Udelar y Ancap es “fundamental debido a su importancia en el sector energético nacional” y reconoce que “la colaboración entre instituciones públicas estatales es una estrategia impulsada de forma sostenida” por el IECA.

A su vez, considera que la gestión del territorio marino uruguayo “es un tema estratégico y prioritario”. Y plantea: “En los últimos años, la exploración en busca de recursos energéticos se ha instalado en la agenda nacional como una decisión tomada por el Estado uruguayo. Sin embargo, esto implica un amplio debate nacional, con participación diversa, en el que la Universidad de la República debe ser un actor importante en la discusión estratégica. Consideramos que este proceso no se ha dado internamente ni en la Universidad de la República ni en la Facultad de Ciencias”.

El responsable del IECA también considera en su nota que dentro del principio de la “libertad de cátedra” cada docente puede construir sus líneas de investigación y establecer acuerdos de cooperación orientados por este principio, “pero sin comprometer a la institución”.

En este sentido, asegura que el convenio es una propuesta construida por una docente de la FCIEN con Ancap “sin consultas institucionales sobre su pertinencia, contenidos y alcances”. Y que “no corresponde al IECA, como instituto académico, pronunciarse sobre dicho acuerdo de trabajo, ya que se trata de una propuesta personal de la docente”.

Intentamos hablar con Achkar para ampliar su postura, pero no fue posible. Lo que sí es seguro es que al director del instituto no le convence para nada la forma en la que se sucedieron las cosas.

Pese a la postura de Achkar, como te decíamos, el convenio fue aprobado en enero. Brecha reconstruye que la consideración del texto se hizo en un momento en que la entonces decana de Ciencias, Mónica Marín, estaba de licencia. Había una decana interina. El nuevo decano, Juan Cristina (que ya ocupó ese cargo antes), fue quien terminó firmando el acuerdo.

Dice Brecha que esto ocurrió “entre gallos y mediasnoches”, por la transición de autoridades y porque se terminó de aprobar en el último CDC del año, en una sesión de más de cinco horas, por 16 votos en 19, sin demasiada discusión.

Los estudiantes levantaron la mano con el argumento de que si no se votaba en esa jornada se perdían los fondos. Solo una integrante del orden docente en esa sesión, Mariana Achugar, hizo algunas advertencias sobre la protección de los derechos ambientales, el interés público que subyace a los resultados de esta investigación y las cláusulas de confidencialidad.

Las explicaciones de la Udelar

En medio de todo esto, ¿qué han dicho las autoridades de Ciencias y Udelar?

Más bien poco. En LCS intentamos tener la palabra del decano Cristina para entender el trasfondo de la polémica, pero desde la Udelar nos dijeron que mientras el recurso de revocación no sea resuelto, no darán declaraciones.

Sin embargo, nos dieron su explicación off the record. Dijeron que el convenio sigue el formato estándar y que la FCIEN tiene numerosos antecedentes en este sentido, incluyendo otros convenios con Ancap.

De hecho, la Udelar y Ancap suscribieron el 16 de marzo de 1994 un convenio marco de Cooperación Técnica y Científica, con el objetivo general de establecer mecanismos de colaboración entre las partes contratantes para el mejor desarrollo de sus respectivas finalidades y actividades.

A la vez, el 22 de noviembre de 2011, la Fcien y Ancap celebraron un convenio específico cuyo objeto consistía en regular el trabajo conjunto de ambas instituciones.

Respecto a la participación de Burone, afirmaron que “es la facultad la que hace el convenio como servicio”. Y agregaron: “Como es usual en estos convenios, un científico/docente (en este caso, Leticia Burone) queda a cargo de llevar adelante el convenio”.

No es una “propuesta personal de la docente” que coordinó la misión Uruguay Sub200, aseguraron en contraposición a lo que planteó el director del instituto.

También insistieron en que el aval al convenio se resolvió en diciembre porque se trata de fondos para ejecutar en 2025.

Por otro lado, aclararon que todos los convenios de la Udelar están disponibles en la página de Colibrí, inclusive este: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/53519

Algo más: dijeron que el texto del convenio introduce las propuestas hechas por la Unidad de Propiedad Intelectual, que mejoró la redacción, y el rector Héctor Cancela dejó claro en el CDC que las leyes nacionales (como el Acuerdo de Escazú) invalidan cualquier secreto ambiental.

En ese sentido, se da una aparente contradicción. Desde Udelar afirmaron que el hecho de que el CDC aprobara el convenio “indica que los servicios jurídicos de la Universidad comprendieron que la información ambiental, por su naturaleza y por los repositorios donde ya reside, no es susceptible de ser declarada estratégica o secreta bajo el marco legal uruguayo y el Acuerdo de Escazú”.

Vamos a escuchar lo que decía este lunes en el programa Legítima Defensa el rector de la Udelar, Héctor Cancela, cuando le preguntaron sobre la confidencialidad y la articulación de intereses privados y públicos en este escenario.

Es decir, Cancela explica que la ley prima ante el convenio, y hay legislación específica sobre información y ambiente. La confidencialidad, según Cancela, es un marco específico dentro de este convenio.

Y aunque se habían rehusado a dar declaraciones a LCS, el decano Juan Cristina contestó brevemente sobre el tema a los colegas de TV Ciudad.

Cristina aseguró que el convenio no implica una adhesión a la búsqueda de petróleo.

Escuchá el informe completo de Paula Barquet en Las Cosas en su Sitio: