Justicia condenó al Estado a pagar $18.518 por día por no garantizar medidas de seguridad en la cárcel de mujeres

20 febrero 2026

Actualmente hay 74 policías y 27 funcionarios para 820 privadas de libertad

La justicia condenó al Estado a pagar 10 Unidades Reajustables diariamente ($18.518) por haber incumplido la sentencia de habeas corpus presentada en el 2023 por los funcionarios penitenciarios quienes denuncian pésimas condiciones en la Unidad número 5 (cárcel de mujeres)

Según la sentencia a la que accedió Informativo Sarandí la justicia consideró que el Instituto Nacional de Rehabilitación, a través del Ministerio del Interior, incumplió con lo dispuesto en los literales B y D de ese habeas corpus que ya había sido sentenciado a hacerlo por parte de la justicia.

En su momento se había solicitado adoptar medidas para resolver la escasez de personal en ese centro penitenciario, y que se garantice el acceso al patio de las internas

Actualmente, según datos de diciembre del 2025, en ese centro penitenciario hay 820 internas, 74 policías y 27 operadores penitenciarios (civiles). Ante esto la sentencia de la justicia indica que “no se logra garantizar seguridad del establecimiento ni los derechos básicos mencionados”.

También se había pedido mejorar la infraestructura eléctrica y sanitaria de los sectores de alojamiento, “No se cumplió”, dice la sentencia.

El INR informó varias reparaciones y arreglos (incluso repetidos por deterioro o roturas intencionales). Sin embargo, la justica no acreditó que esas mejoras eliminen efectivamente los riesgos a la vida y salud de las internas

La sentencia rige hasta que se acredite el cumplimiento. Cabe señalar que está sentencia es tras un pedido de fiscalía, luego de 2 años y medio de investigación, la que acompañan los funcionarios penitenciarios

¿Qué pasa con el pago?

Según lo establece la ley 15 mil 982 tras pasar unos días de la sentencia el dinero se reparte en partes iguales entre el Poder Judicial (que tiene un fondo en común para estas situaciones) y la otra para la parte demandante, en este caso los funcionarios penitenciarios que fueron quienes realizaron la denuncia.

Escuchá el informe completo de Martín Riveiro.