República Ganadera, el caso que quedó opacado y que entra en una etapa clave

Esta es una historia desconocida para el común de la gente. Porque el caso de República Ganadera pasó algo desapercibido entre la primera caída de un fondo ganadero (Grupo Larrarte) y la caída del más grande (Conexión Ganadera), y luego la de Portfolio Ganadero.

Sin embargo, en la debacle de RG quedaron atrapadas 1.400 personas que también tienen, en muchos casos, la angustia de haber perdido los ahorros de toda su vida, o la imposibilidad de afrontar gastos que creían cubiertos. La presunta estafa ronda los 90 millones dólares.

En los casos de Larrarte la estafa fue de 12 millones de dólares que desaparecieron y afectó a 170 personas. En el de Conexión Ganadera fue de 220 millones y hay más de 4.000 damnificados.

El cuarto fondo en caer, Portfolio Ganadero, tiene un agujero de 15 millones de dólares y unos 400 afectados.

O sea que en total estamos hablando de 337 millones de dólares robados a unos 6000 uruguayos.

En general se los investiga por ser esquemas ponzi, que comenzaron siendo negocios legítimos pero que después sostuvieron sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos.

La única forma de mantener las empresas en pie era que nueva gente diera plata para pagar los intereses y así no se cayera el esquema, cosa que todos hicieron hasta último momento.

Tanto para Larrarte y Conexión ya hubo formalizaciones por estafa, apropiación indebida, emisión de cheques sin fondo y lavado, según el caso. Sin embargo, en RG no hubo prácticamente avances en la Justicia.

Pero, además, en la maniobra de RG hay algunos elementos que dan indicios de algo más complejo: la participación de otros actores como escritorios rurales y estudios de abogados.

Y además, está sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días para que los acreedores se aseguren, a través de un fideicomiso, parte de lo perdido. Pero detrás de ese acuerdo que podría verse con buenos ojos, hay más dudas que certezas, y una gran desconfianza.

Vayamos por partes.

Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio fundaron República Ganadera en 2017. Son primos. También participaba del negocio la esposa de Jasidakis, Elena Fynn, y otros miembros de la familia.

El negocio, en palabras de ellos, consistía en desarrollar inversiones en ganado, ofreciendo a individuos y empresas la oportunidad de invertir en el sector ganadero.

República Ganadera operaba como una 'fábrica' de proteínas animales, cuero y lana, utilizando bovinos y ovinos como unidades productivas fundamentales. Estas 'fábricas andantes' generaban productos de dos maneras principales: aumentando kilos a través del engorde, y mediante la preñez y nacimiento de terneros.

Decían que de esa forma (además de ganar plata) conectaban al campo con la ciudad, “ofreciendo a los inversores una oportunidad de participar en un sector estratégico sin necesidad de poseer tierras ni conocimientos técnicos”.

Ante la Justicia, dijeron que tuvieron buenas épocas. La mejor habría sido entre 2018 y 2021, cuando llegaron a tener 1.580 inversores activos distribuidos entre las modalidades de administración y capitalización de ganado. Esto permitió a la empresa gestionar más de 57.000 hectáreas en campos arrendados (lo cual es mucho), con un stock superior a las 63.000 cabezas de ganado, tanto bovino como ovino.

Bajo la modalidad de contrato de capitalización, se garantizaba a los inversores una rentabilidad fija anual de 8% sobre el monto invertido, que se pagaba en tres cuotas anuales durante la vigencia del contrato.

Los inversores, de alguna forma, prestaban capital a esa tasa de interés, lo que (en teoría) permitía a RG “adquirir y mejorar las fábricas andantes”, o sea, las vacas y las ovejas.

Bajo la modalidad de administración de ganado -que representaba el 75% de las operaciones-, se hacía una especie de arriendo de esas ‘fábricas andantes’. Los inversores recibían una rentabilidad anual del 10% a cambio del uso productivo del ganado durante un plazo de tres años. Esta era la modalidad que mantenía la capacidad operativa de República Ganadera.

Eso en resumen. Era más complejo y se permitían distintas operaciones una vez que uno entraba en el negocio, y también había penalidades por incumplimientos.

Hasta ahí iba todo ‘bien’, según el relato de los dueños de RG en la Justicia. El asunto empezó a complicarse en 2022 y 2023, con la sequía.

En un documento judicial al que accedió LCS, dicen que la sequía implicó “una disminución significativa en la tasa de preñez (-4%) y de los y nacimientos (-15%)”, afectando no solo el stock ganadero inmediato, sino también los ciclos productivos de los años siguientes. Además, tuvieron que gastar en alimentos porque las pasturas estaban secas, con lo cual aumentaron los costos operativos.

En este contexto, RG absorbió las pérdidas (no por altruismo, estaba en los contratos), pero lejos de bajar cortina dicen haber implementado estrategias para reponer el stock comprando más ganado y planificando nuevos nacimientos.

Pero la sequía fue larga y la reposición del ganado no se logró tan rápido como requerían los compromisos financieros.

En definitiva, junio 2021 cierra con un resultado positivo de US$ 1,9 millones, que para junio de 2022 baja a US$ 200.825, y los dos años siguientes son solo pérdidas: US$ 4,1 millones en 2023, y US$ 3,2 en 2024.

El relato de debacle, según Jasidakis y Mussio, se completa con la “crisis de confianza del sector”, una especie de corrida que empieza con la caída del grupo liderado por Jairo Larrarte, hoy condenado a 3 años y 8 meses de prisión mediante un acuerdo abreviado en el que admitió ser culpable de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

Según los dueños de RG, la estafa de Larrarte “tuvo un impacto devastador en el sector de inversiones ganaderas, generando una desconfianza generalizada entre inversores y clientes.

Con este combo uno podría decir: les salió mal el negocio, pero fueron víctimas, ¿no? Bueno, no. Hay varios elementos del accionar de RG que vamos a repasar y que, según los abogados, configuran una clara apariencia delictiva.

Pero antes de entrar en esto tenemos que seguir con la cronología de los hechos para no perdernos.

El 27 de noviembre, con los argumentos que leíamos, RG se presenta a concurso voluntario.

La empresa manifiesta voluntad de hacer llamado a acreedores, pero después no presenta la información necesaria y terminan dilatando el proceso.

Entonces presentan un APR: un acuerdo privado de reorganización de la empresa. Así pretenden tomar los activos que quedaban en la empresa, hacerlos producir y devolver el dinero. Lo hacen sin dar información de qué activos y qué pasivos había…

Y, entre medio, los “buenos” de Conexión Ganadera hacen circular la información de que pondrían plata para salvar a su “hermana menor”, RG, mentira que intentaba frenar la corrida (sin éxito).

En paralelo, a fin de año se habían acumulado unas 50 denuncias penales contra Jasidakis y Mussio, los dueños de RG.

El estudio Dotta y Esponda, artífices de aquel primer intento de acuerdo, sacan una nota el día que se presenta la empresa a concurso y se ponen a disposición de inversores. Se crea un grupo de whatsapp.

Según contaron a LCS fuentes damnificadas, dos días después empiezan a “presionar” o insistir en ese grupo para que los inversores firmaran el APR y pagaran los honorarios de los abogados.

Uno podría verlo como una movida de abogados de captar clientes: “raro pero no ilícito”, dicen ellos. Ante las suspicacias, los damnificados se arman otro grupo de Whatsapp sin abogados.

Seguimos con la cronología y ya estamos en marzo. El concurso voluntario se desestima y se decreta el concurso necesario, con lo que ahora la información ya no se pide sino que se intima.

En esa documentación luego aparecería la firma de abogados de Dotta y Esponda como defensores de Victorica, uno de los escritorios rurales que más vendían ganado de RG. Otra vez raro, a los ojos de los inversores. Recuerden esto.

Entra en acción como síndico del concurso la contadora Zamira Ayul y encarga una auditoría de RG, que se hace en abril-mayo. A Ayul intentamos contactarla, pero no tuvimos éxito. Dicen inversores y abogados que es muy hermética.

La auditoría independiente fue realizada por EuraAudit. En LCS accedimos al informe.

¿Qué muestra la auditoría? Que había muchos menos animales que lo que decían (2.963 vacunos y 7.459 ovinos MENOS), que el estado del ganado era muy delicado a nivel sanitario, y que… faltaban 60 millones de dólares (después descubrirían que eran más).

Se encuentra una diferencia de US$ 24 millones entre el patrimonio real de la empresa y el declarado. Y seguramente ahora sea menos, porque si bien la síndico ha procurado mantener vivo al ganado y vender lo estrictamente necesario, el costo de mantener la empresa abierta es de US$ 300.000.

El análisis de las planillas internas de ventas y la comparación con la facturación formal reveló que 7.348 cabezas de ganado vacuno habían sido vendidas sin que existiera facturación ni registro alguno.

Se detectó una operación puntual de venta de ganado por US$ 343.017 a Fabiana Mussio, hermana de Mauro, considerada sospechosa por la auditoría.

Buena parte de las ventas de ganado se cobraban en efectivo y por adelantado, por fuera del sistema bancario y sin trazabilidad formal.

Hay más. De los 41 trabajadores identificados en la empresa, 16 estaban en negro, y 22 de los 25 declarados recibían al menos un 20% de su salario fuera de la nómina oficial.

Lo explica una de las damnificadas, Cecilia, quien dijo que hay dinero de la empresa que salió por mecanismos que hoy "no se han aclarado"

La declaración jurada de RG en julio de 2024 reportaba un stock de 63.000 animales. Sin embargo, en el APR presentado en diciembre de ese mismo año, el stock se redujo a 22.000. Es decir, en 5 meses “se perdieron” 41000 cabezas de ganado. A un valor promedio de US$ 700 por animal, son casi 30 millones de dólares.

¿Qué dicen los damnificados? Consideran que es imposible que se hayan vencido en 5 meses contratos para esa cantidad. Dicen que parece haber habido una preliquidación.

Pero de la auditoría surge, en base a declaraciones de los involucrados, que esas cabezas de ganado se las vendieron a los escritorios rurales y que ellos pagaron en efectivo.

En ese periodo la empresa no registró ingreso de dinero por venta de ganado. Lo único que entró a las cuentas según la auditoría fue la plata de los nuevos inversores, que captaron hasta un par de días antes de pedir el concurso.

Es decir, esos 30 millones no entraron a RG formalmente.  Los escritorios, ¿pagaron o no pagaron? ¿Quién se quedó con esa plata? No hay respuestas a ese punto.

Otro tema, hace un rato mencionábamos las cifras de ganancias de RG que se fueron volviendo pérdidas entre junio de 2018 y junio 2024. Si se toman esas cifras, las pérdidas totalizan solo 5 millones de dólares, cuando el déficit asciende a más US$ 70. Los damnificados se preguntan: ¿dónde está el resto?

¿Se podría explicar semejante pérdida por la corrida a la que aluden? Larrarte cae en setiembre y RG deja de devolver capital en noviembre. Los inversores entienden que en ese corto tiempo la fuga de capitales tiene que haber sido “insignificante”.

En la Justicia Penal, la causa cambió dos veces de fiscal. Se asignó primero al fiscal Alejandro Machado, de Delitos Económicos y Complejos. Machado pidió apartarse del caso luego de haber sido cuestionado por abogados denunciantes por falta de avances.

Pasó a Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos y a cargo de Conexión Ganadera, que a su vez en enero presentó un recurso para no asumir la investigación. A principios de este mes se le concedió el pedido y la causa volvió otra vez a Machado.

Con este panorama, con un fiscal que no quería la investigación y absorbido por Conexión Ganadera, imaginen lo que pasó.

Lo cuenta uno de los abogados de damnificados, Juan Pablo Decia, que ha sido muy crítico respecto al fiscal y sostuvo que los avances en la investigación "han sido muy magros".

Decia afirma que hay pruebas más que suficientes para formalizar a los dueños de RG. Estas son:

• Cientos de denuncias de damnificados que dan cuenta de que no tienen ni el 10% del ganado que deberían tener por contrato.
• La auditoría que mencionábamos que muestra que falta aproximadamente el 85% del rodeo.
• Hay pruebas también de que se adulteraron los números cuando se presentaron a concurso y de ciertas diferencias entre las declaraciones juradas de la empresa que no tienen explicación.
• En la carpeta fiscal hay un informe del estado de situación del ganado que dista mucho de lo que debería haber y revela un faltante de 40 mil animales entre julio y diciembre del 24.
• Y un inventario que da cuenta de un pasivo de 98 millones de pasivo y un activo que no supera los 13 millones. El déficit es de 85 millones.

Decia entiende que es suficiente por demás para inferir que hay hechos de apariencia delictiva.

Entonces, ¿por qué no avanzó la causa? Decia sostiene que República Ganadera siempre ha demostrado "querer solucionar el tema".

Esa aparente voluntad de “solucionar” el tema es clave en este caso, y lo vamos a desarrollar en unos minutos.

Según dijeron fuentes del caso a LCS, el fiscal Rodríguez estaba avanzando con la formalización penal de Jasidakis y Mussio. Sin embargo, en un intento de frenar ese proceso, los responsables presentaron un nuevo convenio concursal, ofreciendo una reestructuración a través de un fideicomiso productivo.

Este convenio incluía una cláusula clave: que aquellos acreedores que lo suscribieran renunciaban a sus acciones penales. Así, se introducía un canje tácito entre una promesa de recuperación futura —basada en supuestos productivos cuestionables— y la pérdida de fuerza procesal en la vía judicial.

El acuerdo que presentaron Dotta y Esponda (aquellos que defendían a los escritorios grandes que habían pagado ganado en efectivo) se fue modificando y mejorando, y entre otras cosas se sacó esa cláusula.

Los inversores llevan meses estudiándolo para ver si lo firman y aceptan las condiciones.

Desde el estudio Ferrere, donde hay más de 100 inversionistas representados, el abogado Martín Fridman explicó cuál es la situación concursal y por qué él no considera que el convenio sea un buen camino.

Si en estos días no se llega a la mayoría de las firmas, la empresa se va a liquidar. La sindicatura va a tener revisar todos los bienes y repartir lo que quede entre los inversores.

En el análisis de muchos damnificados está la posibilidad de que Jasidakis y Mussio tengan un mejor pasar en lo penal en caso de que este acuerdo vea la luz. Sobre esto escuchamos al abogado Juan Pablo Decia, que tiene una posición ambigua porque la chance de recuperar algo va en detrimento de una pena acorde.

Y algunos damnificados están dispuestos a hipotecar parte del resultado penal en pos de la esperanza de recuperar parte de la inversión. Otros dicen: ya no voy a recuperar nada, prefiero asegurarme de que vayan presos los responsables.

Fridman, de Ferrere, tiene argumentos legales para oponerse al acuerdo y coincide en que, en caso de aprobarse el convenio, eso va a incidir en lo que resuelva el fiscal.

Y ahora vamos a escuchar la otra campana. Carlos Esponda, del estudio Dotta y Esponda, que representa también a cientos de inversores, está obviamente a favor del convenio. Lo explicó en el programa Valor Agregado y dijo que la mejor solución es un convenio para que los inversores recuperen su dinero.

En esa entrevista, que fue el 1 de setiembre, dijo que se llevaba un 40% de adhesiones. Esta información no pudimos chequearla. De hecho, algunos de los damnificados hablan de 15%.

Lo cierto es que para el 30 de setiembre está fijada la junta de acreedores. Hay que ver si se llega al 50% de firmas. Es la fecha determinante. Si no prospera el acuerdo, se procede a liquidación. Si prospera, habrá que ver qué pasa en la vía penal.

El tema es cómo pueden recuperar 80 o 90 millones de dólares en 10 años. ¿A qué tasa real de rentabilidad?

Según los entendidos, el agro da entre 4 y 5 % en Uruguay. Con esa tasa no se llega, y el periodista de Valor Agregado se lo dice, a lo cual Esponda responde que lo ha hablado con muchos técnicos confiables y que, al sacar a RG del medio, “se acabaron las oficinas en Carrasco, el cafecito italiano y la cantidad de administrativos”.

Esponda también insiste con que con el convenio no se agota la vía penal, y asegura que él quiere que se investigue a fondo.

Cecilia contrató a dos técnicos para que analizaran la viabilidad productiva y económica del acuerdo, y compartió con nosotros el informe que le hicieron.

Allí dicen que “los supuestos de producción no son compatibles con las condiciones agroecológicas reales del norte del Uruguay, ni con la estructura de costos que implica un sistema extensivo de cría con altos niveles de carga animal”.

Agregan que “el proyecto carece de soporte técnico, subestima costos críticos como suplementación y arrendamientos, y omite consideraciones indispensables como la disponibilidad forrajera en escenarios de sequía”.

“Además, los niveles de productividad proyectados, particularmente en cuanto a preñez y eficiencia de conversión del capital, no son alcanzables según datos objetivos de instituciones nacionales y de experiencias comparables”, aseguran.

Y concluyen que, de ser aprobado, el convenio transfiere el riesgo total del fracaso productivo a los acreedores, y compromete seriamente las posibilidades de recuperar el capital invertido. Por tanto, se recomienda su rechazo categórico.

Antes de terminar, vamos a comentar algunos elementos adicionales que los damnificados reunieron luego de investigar por las suyas y entregaron en Fiscalía. La Fiscalía pidió levantar secreto bancario de la empresa pero no de las personas y sus familiares, que es lo que reclaman los damnificados.

a. Posibles conflictos de interés y empresas vinculadas

María Elina Fynn Reissig es ex-socia fundadora de RG y esposa de Nicolás Jasidakis. Vivían en "Lomas de La Tahona", donde dejaron de residir un poco antes de la solicitud de concurso voluntario.

Fue fundadora de la empresa junto al primo de NJ el Tec. Agr. Mauro Mussio en el 10/11/2017 con cuota partes iguales y luego el 26/12/2018 le cedió su mitad a N.J. pero siguió trabajando en RG en atención al inversor y administración; su rol era el de captación de nuevosclientes.

Hace 9 años fundó "Importotal" que abarca no sólo Uruguay sino Argentina, Chile y Paraguay y en 2022 creó una nueva empresa, Todo Ganado - Insumos para el campo, de la cual era la CEO. Esta empresa cerró un mes antes de la presentación a concurso voluntario.

Todo Ganado es proveedora de RG, lo que es un claro conflicto de intereses. Se sospecha que Todo Ganado e Importotal fueron utilizadas como vehículo para canalizar fondos de RG, con posibles sobreprecios en servicios, arrendamientos e insumos, y faltantes de mercadería. En Linkedin cerró su perfil.

b. Movimientos patrimoniales llamativos

Román Jasidakis (hermano de Nicolás Jasidakis y ex-director financiero de RG) adquirió en 2023 la empresa Nuvo (por una cifra millonaria) en 2023, y la vendió un año después, justo cuando cae RG.

A los damnificados les llama la atención el entusiasmo público con el que promocionó la compra, así como la "misteriosa" venta al año siguiente y la eliminación posterior de toda referencia a RG y Nuvo en su perfil profesional. Sospechan de lavado.

c. Movimiento del ganado vendido

Tienen apalabrados a varios testigos. Uno de ellos es un productor rural de Salto, que ofreció información concreta sobre la venta de más de 40.000 animales durante 2024, a través del escritorio Indarte. De confirmarse este volumen, y si se lograra rastrear a qué cuentas se giraron los fondos, sería un avance crucial para seguir la ruta del dinero.

Los damnificados descubrieron que existe un fideicomiso que se llama "Nueva Tropa". El escritorio Indarte realiza sus movimientos a través de ese fideicomiso, por lo tanto, RG vendía o consignaba a Nueva Tropa y no a Indarte. Cuentan con una guía de traspaso de animales de inversores de RG a Nueva Tropa de 2258 animales. El fin de semana previo a la declaración de concurso, Indarte sacó 40 camiones de ganado los predios de RG, a través de Nueva Tropa. Esto se filtró en las redes de la zona, desató una ola de consultas de inversores y otros escritorios rurales y fue lo que motivó la declaración anticipada del concurso voluntario.

Escuchá el informe completo de Paula Barquet en Las Cosas en su Sitio: