Seguridad pública: el tema de mayor preocupación en Uruguay no cuenta con formación académica

De un tiempo a esta parte, cuando las empresas encuestadoras les consultan a los uruguayos “¿cuál es el problema del país que más le preocupa?", la respuesta es clara: La seguridad.

Este tema solo fue desplazado en Pandemia, cuando -por el contexto- a la población le preocupaban los temas de salud y economía.

Pero si bien la intranquilidad por la inseguridad parece sostenida en el tiempo y abraza a los últimos gobiernos, este no es un problema de larga data. Siempre fuimos un país pacifico e integrado, en el marco de una región violenta y desigual.

Pero en las últimas décadas, Uruguay se encuentra a mitad de tabla en términos de violencia y criminalidad dentro de América Latina. Un fenómeno propio de este mileno.

Con menor o mayor éxito, los encargados de generar las políticas públicas para hacer frente a esta situación ensayaron varias fórmulas para fenómenos ya establecidos y para fenómenos nuevos.

Y el sistema político con todas sus banderas se sirvió de esta problemática para generar acusaciones cruzadas.

Durante las últimas décadas las posibles soluciones para el problema de la seguridad pública estuvieron a merced del termómetro político con escasa o nula participación de la academia y de la evidencia científica para la toma de decisiones.

Una realidad que, parece, comienza a cambiar.

Desde la academia quienes han dedicado atención a los temas de delito, castigo y seguridad pública han sido los expertos en derecho penal, la medicina y la antropología biológica.

El derecho penal ha dominado ampliamente con hegemonía discursiva y, en general sin tener bases científicas, sin generar evidencia como tal, sobre los temas vinculados al delito.

En Uruguay los inicios de la ciencia aplicada a la seguridad pública han estado relacionados con la sociología, ya que la criminología como disciplina es muy reciente y siempre se nutrió de otras como la medicina, el derecho penal, la antropología, psicología o ciencias políticas para sus conclusiones.

Hoy, comienza a surgir una nueva generación con especialización en estos temas que tiene algo en común: todos ellos se han formado en el exterior.

Según estos especialistas, Uruguay no cuenta con carreras de grado en criminología, no cuenta con institutos especializados, la oferta educativa es limitada y no tenemos una comunidad criminológica nacional.

Pero hagamos un poco de historia.

La criminología es una disciplina consolidada internacionalmente. En los países anglosajones, a mediados del siglo XX, se expandieron los primeros y más importantes institutos y departamentos de investigación específicos.

Luego, eso se extendió a todos los países de Europa, norteamérica, Asia y Oceanía.

Incluso en América Latina y España ya hay ofertas académicas y producción científica. En nuestro continente los principales países son Brasil y México, y en un segundo escalón Argentina, Colombia y Chile.

Pero, ¿qué pasa con Uruguay?

Emiliano Rojido es uno de los especialistas uruguayos que debió formarse en el exterior.

Es doctor en ciencias sociales por la Udelar, especializado en políticas públicas, violencia y criminalidad.  Hizo su maestría y doctorado en Río de Janeiro.

Rojido asegura que Uruguay tiene una oferta limitada y sin continuidad en estos temas. En conversación con Las cosas en su sitio asegura que quienes quieren formarse en estos temas “tienen que irse al exterior”.

Por su parte, Diego Sanjurjo, asesor del ministerio del Interior de este gobierno y del que viene, también estudió en el exterior.

Es licenciado en ciencias políticas por una universidad de Alemania, es Máster en cooperación internacional para el desarrollo, Máster en políticas públicas, y doctorado en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Para él la falta de ofertas académicas en Uruguay tiene consecuencias en la política pública porque ese impedimento implica que haya muy pocos profesionales formados en la materia para buscar soluciones.

Gabriel Tenembaum es profesor adjunto con dedicación total del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México y su foco de estudio son los temas de violencia y criminalidad.

En conversación con Las cosas en su sitio, Tenembaum también analiza este tema y asegura que hace falta en Uruguay formación de grado y maestría para garantizar la calidad y robustez en el aprendizaje.

Pero: ¿Cómo es posible que el mayor tema de preocupación de los uruguayos no tenga una respuesta de formación académica en nuestro sistema educativo?

Diego Sanjurjo, que cumple el doble rol de académico y político, sostiene que es de gran relevancia que se expanda la formación académica en estos temas.

Para el especialista, la ciencia en la seguridad pública tiene el rol de “enmarcar la conversación, desautorizar voces o políticas públicas inviables, o que la evidencia demuestra que no funciona, y enmarcar la conversación entre políticas que sí tengan evidencia de ser eficaces”.

Por una línea parecida va Tenembaum.

Sostiene que el saber que produce la ciencia y la evidencia es la mejor herramienta que podemos tener a la mano al momento de tomar decisiones.

Para el especialista las políticas basadas en la percepción han llevado al Uruguay a tomar “malas decisiones” en la materia.

Ahora bien. Hasta aquí vimos como Uruguay enfrenta un gran desafío en materia de seguridad por la dificultad de llegar a un diagnóstico preciso de los problemas, y -una de las razones- es la ausencia de una comunidad científica consolidada ni una oferta educativa a la altura.

Tal es la necesidad que un grupo de especialistas propone crear un Instituto de criminología y políticas públicas.

La UdelaR lanzó el año pasado un llamado a la creación de institutos de investigación en todas las áreas del conocimiento.

La iniciativa propone desarrollar un programa continuo de investigación sobre convivencia, violencia, delito y políticas públicas.

Según los impulsores, el instituto generará datos y estudios de calidad, que permitirán comprender cabalmente estos fenómenos. A la vez, propondrá recomendaciones de política pública para enfrentar estos problemas y mejorar la eficacia institucional para resolverlos.

Por otro lado, consolidará una comunidad criminológica nacional, incorporando a los mejores recursos humanos disponibles y potenciando su capacidad

Emiliano Rojido es uno de los investigadores detrás de esta iniciativa y sostiene que, otro de los objetivos, será repatriar talentos nacionales que se han ido al exterior.

La UdelaR hizo su evaluación con profesionales internacionales y fue considerada de “alta excelencia”, con la máxima categoría de evaluación.

Se presentaron 30 propuestas y quedaron 9 con esa máxima aprobación académica.

La UdelaR puede financiar hasta cuatro institutos de investigación. En este momento se está procesando la discusión política de cuáles podrán avanzar.

Escuchá el informe de Magui Prado en Las Cosas en su Sitio: