En 2020 la Justicia inició 2.807 casos de desalojos en viviendas de Montevideo

En 2020, solo en Montevideo los Juzgados de paz iniciaron 2.807 casos de desalojo por diferentes causales: mal pagador (825 de los cuales 255 llegaron a juicio ejecutivo), ocupante precario (505), vencimiento de plazo (341), según datos del Poder Judicial a los que accedió Informativo Sarandí.
Esto representa 509 casos menos respecto al 2019, cuando se iniciaron 3.316 causas.

La diferencia se debe en parte a que en 2020, durante tres meses (entre el 14 de marzo y el 11 de mayo) hubo feria judicial sanitaria tras decretarse la emergencia sanitaria y se suspendieron todos los plazos procesales. Pero para compensar los atrasos generados por esto, se suspendió la feria judicial menor entre el 1 y el 15 de julio.

Se puede esperar que en 2021 haya cifras similares ya que, en lo que va ya del año, la feria sanitaria se extendió entre el cinco de abril y el 14 de mayo. Mientras que hasta el 30 de junio se consideraron días inhábiles. Por lo que en este período se suspendieron también los plazos judiciales y es de esperar también que ocurra algo similar en cuanto a cifras.
El Poder Judicial no cuenta con datos sistematizados sobre el tema, en el interior del país.

Un trámite de desalojo termina con el lanzamiento, puede durar casi un año. Depende de si el demandado presenta excepciones o pide prueba por ejemplo. Pero por lo general, dura un par de meses, dependiendo siempre de cada situación.

Hoy el único mecanismo que puede impedir un desalojo, es el establecido por el decreto ley 15.301, que en su artículo 8, prevé que en los casos de lanzamiento el juez podrá prorrogar hasta por 120 días si en el inmueble “están morando menores de hasta catorce años, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años y si la ejecución del lanzamiento recae en los meses de invierno”.

Este miércoles, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, analizó el tema con el objetivo de llegar a un acuerdo en el proyecto de ley que busca frenar los desalojos de viviendas, mientras dure la pandemia.

Desde marzo el Parlamento trabaja en el tema, el Frente Amplio presentó un proyecto para que se frenen los desalojos. Lo mismo hizo Cabildo Abierto y por eso, tras un acuerdo se unieron los textos que comprende a alquileres que se hayan concretado antes del primero de febrero del 2021.

Quedan fuera de este texto por ejemplo quienes viven en pensiones o quienes alquilan sin garantía, según explicó la presidenta de la comisión, Elsa Capillera, a Informativo Sarandí.

Si bien se había logrado un acuerdo político para dar trámite y aprobar lo antes posible este texto para su puesta en marcha, desde el Partido Colorado el Diputado diputado colorado Walter Cervini puso objeciones al considerar que hoy, no está claro cuándo terminará la emergencia sanitaria por lo que es difícil poner una fecha de fin de vigencia a esta normativa.
Consultado por Informativo Sarandí, Cervini prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

En este contexto, quienes viven en pensiones o alquilan de forma precaria es decir sin un contrato legalmente registrado (ocupantes precarios), son quienes hoy están más desprotegidos ya que no hay una normativa en particular que los ampare. Muchas veces, esta situación afecta a inmigrantes recién llegados al país que no tienen dinero para un alquiler formal, y en algunos casos son víctimas de estafa.

La dificultad para comprobar todo esto, hace que quede esta zona “gris” en la que muchas veces es difícil que la Justicia los ampare.

Y entre estas situaciones de desalojo, se da por ejemplo la de niños que deben ir a vivir a whiskerías con sus madres, porque no pudieron pagar el alquiler y deben abandonar lo que hasta ese momento era su casa.

Karina Núñez, de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, dijo a Informativo Sarandí que es un tema en el que están tratando de trabajar, ya que consideran que se abre “un espectro peligroso”.

Y la situación se ha agravado en los últimos meses, tras la nueva disposición de la ley de urgente consideración, que permite los desalojos en caso de quienes alquilan sin garantía, explicó Núñez.

Pilar Igoa es alguacil hace 20 años y le tocó dedicarse a esta tarea de desalojos en los últimos años. En diálogo con Informativo Sarandí comentó que cada vez ven más desalojos por mal pagador.
Este año, la feria judicial mayor que se extiende durante todo enero, y la sanitaria que fue desde fines de marzo hasta el pasado domingo, no hubo desalojos porque se suspendieron los plazos. Pero en seguida que se levantó la feria, los abogados fueron a presentar escritos porque quieren cobrar sus honorarios y los dueños recuperar inmuebles.

Hoy lo que les preocupa es que están haciendo desalojos de personas que pagan entre 12mil y 14 mil pesos. “Los lanzamientos, son tareas no gratas”, comentó Igoa

Hoy según la normativa vigente el mal pagador entre 20 y 30 días para irse. Cuando es por vencimiento de plazo, es de un año. Cuando se vence ese plazo de intimación de desalojo, si la persona que va a ser desalojada, inquilino no dice nada, se pide y efectúa el lanzamiento.

En algunos casos, cuando el alguacil va con el abogado o dueño a avisar al inquilino que se tiene que ir, en la minoría de los casos logran un acuerdo para postergar el lanzamiento. Un hecho que marcó a fuego fue el del asesinato de una jueza, una alguacil y un abogado en 1989, cuando se fue a hacer una inspección visual en Pocitos.

La Asociación de Funcionarios Judiciales presentó dos veces un proyecto referido a este tema el año pasado: en mayo y en diciembre, pero no tuvo eco en el ámbito político.

El presidente de la gremial, Pablo Elizalde, dijo a Informativo Sarandí que empezaron a alertar sobre este tema a mediados del 2020, porque veían la problemática día a día en las sedes judiciales.