Terapia electroconvulsiva en Uruguay: Sin datos, falta de especialistas y su aplicación en adolescentes

El informe del Mecanismo Nacional de Prevención se hizo en base a visitas realizadas sin previo aviso, entre 2019 y 2020, en ocho instituciones: Hospital Vilardebó, Ceremos (ex colonias psiquiátricas), Hospitales de Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.

La terapia electroconvulsiva consiste en el pasaje de una pequeña corriente eléctrica entre dos discos de metal (electrodos) que se aplican en la superficie del cuero cabelludo.

Los dos electrodos pueden estar colocados de un mismo lado de la cabeza o de ambos lados de la frente. La corriente eléctrica pasa entre los dos electrodos a través de parte del cerebro para estimularlo. La estimulación eléctrica induce una convulsión que generalmente dura entre 20 y 90 segundos.

Estos estudios se hacen con una distancia no menor a 48 horas entre una y otra y se realiza en total entre seis y doce sesiones.

En Uruguay, estas técnicas se aplican en casos de esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos psicóticos agudos, trastorno del humor o «psicosis descompensadas.

Entre los aspectos detectados, se constató que esta práctica se aplicó a adolescentes, a pesar de que va en contra de las recomendaciones de organismos internacionales, señaló la abogada Alicia Saura, integrante del grupo interdisciplinario del Mecanismo Nacional de Prevención, que visitó los centros de psiquiatría y trabajó en la elaboración del informe.

En las ex colonias psiquiátricas, hoy llamadas Ceremos, se detectó que se encerraba a los pacientes la noche previa (sala con rejas), como forma de certificar el cumplimiento del ayuno, ante la falta de personal” que pudiera controlar y hacer la observación clínica de los pacientes antes y después de recibir el electroshock.

Por eso se indica que “la reclusión de estas personas, aun cuando refiere a un período breve y bajo la justificación de un tratamiento, puede consignarse como abuso, de acuerdo a los estándares internacionales”.

El informe también indica que se observaron dificultades en la integración completa de un equipo multidisciplinario para la indicación, realización y seguimiento de la terapia, tanto en el Hospital Vilardebó (por no contar con médico psiquiatra) como en Ceremos (por no contar con anestesista).

El informe indica que Salud Pública “no genera estadísticas sistemáticas nacionales sobre la aplicación de la técnica, que den cuenta de la magnitud de su uso y de su evolución en el tiempo”.

El estudio académico más reciente es de 2015. Allí se detectó que en área metropolitana, se realizaban unas diez mil sesiones anuales.

El Hospital Vilardebó, principal centro de referencia en el tema, es uno de los que lleva estadísticas donde se informa que en el primer semestre del 2020 se hicieron 1.103 procedimientos, el 52% eran pacientes de entre 20 y 44 años. Un 3% tenían entre 15 y 19 años.

En las colonias la cifra relevada por el departamento de enfermería fue de 22 pacientes también en el mismo período.

Mientras que en el interior, Durazno tiene registro de tres procedimientos entre 2018 y 2020 y 19 en Paysandú. Mientras que en Salto, fueron 12.

En ningún organismo se registró una muerte por recibir este tipo de terapia. Pero en 2019, el Vilardebó reportó el caso de una persona que tuvo complicaciones y murió luego de ser trasladado a otro centro de salud.

Si bien no hay normativa específica referente a la terapia electroconvulsiva, está integrada al catálogo de prestaciones definidas por el MSP como uno de los procedimientos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos entre los métodos terapéuticos y de rehabilitación.

La publicación más reciente de pautas de tratamiento es del 2004 y fue realizada por la Revista de Psiquiatría del Uruguay. Así como ningún establecimiento presentó evidencia de la realización de evaluaciones relativas a la aplicación de la técnica en los últimos años.

En los hospitales departamentales no hay protocolos médicos para aplicar la técnica, ni cuentan con guías clínicas aprobadas por Salud Pública para practicarla, algo requerido por la Organización Mundial de la Salud.

Si bien se constató que hay cuidados a pacientes, también se resalta la necesidad de generar conciencia en pacientes al momento de firmar un consentimiento informado para que le apliquen el tratamiento, ya que siempre lo firma un familiar o tercero a cargo.

Ante esta situación, la Dra. Alicia Saura dijo que los directores de instituciones están afín de empezar a trabajar para revertir esta situación que les dificulta la tarea cotidiana.

Informativo Sarandí intentó tener la palabra de autoridades del ASSE y Salud Pública sobre el tema, pero argumentaron que no era posible por temas de agenda.

Aquí el informe completo.