Desde que comenzamos con A Ciencia Cierta el tema del presupuesto y de los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema científico han estado sobre la mesa. El decreto 90-020, la Ley de Urgente Consideración y luego la de Presupuesto quinquenal fueron mencionados una y otra vez por nuestros invitados.
Es que el casi 0,4% del PIB que se invierte en la ciencia nacional, como nos dijo el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, no es suficiente. “Da para algo”, como explicó él. Y el norte del 1% del PIB para la ciencia es como una zanahoria, que se va moviendo.
El problema, en este 2020, es que la pandemia exigió al máximo al sistema, al Estado y a la sociedad toda y si acaso se iba a cumplir la promesa del 1%, parece que no será posible por el momento, en este contexto de austeridad.
La ley de presupuesto quinquenal, que está ahora a estudio del Parlamento, no incluye aumentos, sino que propone congelar el presupuesto destinado al sector en algunos casos, y en otros, directamente, marca un recorte.
En Uruguay, podemos decir que el sistema de ciencia, tecnología e innovación, está en proceso de desarrollo y consolidación. Y que se quede sin fondos determinará, inevitablemente, un estancamiento y la imposibilidad de avanzar, de formar, de investigar y aplicar conocimiento.
Por eso es que, como dice Miguel Sierra, el presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), hay que tener una mirada amplia. La inversión no necesariamente tiene que provenir del sector público. Los privados juegan un papel importante, que tiende a fortalecerse en Uruguay y en el mundo.
Y sobre eso trata este informe especial.
Para conocer más ejemplos de interacción entre el sector público y el privado y las oportunidades que esto abre en materia de investigación, de innovación y de desarrollo, hablamos con Carlos Rossi, coordinador de la Unidad de Semillas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y Verónica Ciganda, directora del Programa de Sostenibilidad Ambiental.
El INIA es un instituto público de derecho privado que se financia con un impuesto que se cobra a los productores por la comercialización de productos agropecuarios y el aporte del Estado.
Rossi y Ciganda nos brindaron ejemplos de distintos avances alcanzados gracias a esta sinergia entre empresas, productores agropecuarios e investigadores.
Foto: Science in HD on Unsplash
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