El senador Leonardo De León divulgó una carta en la que anunció su renuncia a la actividad política una vez que termine este período de gobierno. En la misiva aseguró que "jamás" cometió un "acto ilegal" y que tiene la "conciencia tranquila" de haber actuado de "buena fe".
La carta, dirigida a la opinión pública y los "compañeros y compañeras del Plenario Nacional del Frente Amplio", confirma la decisión del legislador de la lista 711, publicada este jueves por el semanario Búsqueda.
"Luego de haber recibido el dictamen de la Justicia, en mayo de este año, tomé la decisión de no participar en las distintas instancias electorales que se desarrollarán entre 2019 y 2020", señala De León, que tampoco asumirá "ninguna responsabilidad política entre 2020 y 2024".
Su decisión se funda en "razones políticas y decisiones familiares" y aclara que su postura no significa un retiro de la actividad política, campo en el que reivindica que "el Uruguay necesita de un proyecto de izquierda que transforme definitivamente al país".
Sobre su gestión al frente de ALUR, De León expresa que "en el error o en el acierto, en la torpeza o en el virtuosismo, sepa mi Frente Amplio y toda la ciudadanía de este país que jamás cometí ningún acto ilegal", y agrega que "prueba de ello es el dictamen de la Justicia Penal".
De León recuerda en su carta que el fiscal Luis Pacheco no encontró méritos para procesarlo y advierte que "se instauró maliciosamente ante la opinión pública el relato de que no fui procesado por el simple hecho de ser un funcionario público".
Aquí la carta completa.
Senador De León: “Carta abierta a mis compañeros y compañeras del Plenario Nacional del Frente Amplio y a la opinión pública”
Desde el año 2005 cuando el Frente Amplio (FA) llega al gobierno nacional por primera vez en la historia, y hasta febrero de 2015, participé, asumiendo responsabilidades en la gestión y dirección de la empresa ALUR S.A.
El inicio se dio en la tristemente recordada Bella Unión, la del desempleo, hambre, indigencia, la de inicios del 2000. Solo un pueblo organizado y luchador como ese, pudo resistir, iniciándose un proceso de transformación de la cadena agroindustrial de la caña de azúcar.
Posteriormente, se instalaron 3 nuevas plantas industriales, en Montevideo y Paysandú. Se invirtieron aproximadamente U$S 250.000.000 (millones de dólares). Hoy ALUR comercializa biocombustibles (biodiesel y etanol), energía eléctrica, azúcar, alimento animal, y tiene ingresos por ventas en el año de aproximadamente U$S 220.000.000 (millones de dólares).
Fueron 9 años muy importantes de mi vida los que dediqué junto a comprometidos trabajadores y trabajadoras para que hoy, sean miles de personas, entre ellos pequeños y medianos agricultores, prestadores de servicios, industriales, etc, que directa o indirectamente y en diferentes regiones del país, son parte de este cambio que se dio en la matriz productiva del Uruguay.
Pese a todo lo expuesto, en 2015 se conformó en el Senado una Comisión Investigadora, sobre la situación económica y financiera de Ancap y posteriormente en 2016, la oposición presentó ante la Justicia Penal 12 carpetas, denunciando hechos de todo tipo e involucrando a un sinfín de actores, con el único objetivo de instalar ante la opinión pública, el “Lava jato uruguayo”.
Todo este orquestado accionar que comenzó en 2015, ha sido puesto en marcha fundamentalmente, con la deliberada voluntad de la oposición política de exponer los hechos denunciados al menosprecio y al odio público.
En 2017 se presentó una denuncia contra mi persona por el uso de las tarjetas corporativas de ALUR. Esa denuncia, tuvo como objeto instalar una verdad a medias, expuesta maliciosamente en la denuncia, desarrollando los acontecimientos fácticos de forma parcial -en algunas ocasiones- y tergiversados en otras, involucrándome, con el único objetivo de exponerme al escarnio público.
Pero fui a la Justicia, como debe ser, sin ampararme en los fueros, entendiendo que es la Justicia la que, en definitiva, resolvería si existía mérito o no para determinar responsabilidades penales individuales o si de lo contrario, correspondía el archivo de las actuaciones.
Luego de mi comparecencia en Sede penal y sometiéndome a horas de un riguroso interrogatorio, en mayo de 2018, la Fiscalía a cargo del Dr. Luis Pacheco emite su dictamen, cuyos principales argumentos cito textual: “5) a juicio del suscripto, es irrelevante la discusión doctrinaria planteada por la defensa… pues es evidente que los directores de ALUR no son funcionarios públicos a los efectos penales…pero si –naturalmente- las conductas delictivas podrían quedar atrapadas en las normas penales generales”.
Se instauró maliciosamente ante la opinión el relato de que no fui procesado por el simple hecho de ser un funcionario privado, extremo que es desmentido expresamente por las conclusiones a las que arriba el Fiscal interviniente.
“10) … la fiscalía entiende que el denunciado ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios y no surgen gastos en otro tipo de comercios…también ha quedado probado que no existían viajes o misiones oficiales por lo que el director de la empresa gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia”
“Por los fundamentos expuestos, la Fiscalía Solicita: Se tenga presente que no se formulara requisitoria penal contra el indagado Sr. Leonardo De León por los hechos relacionados con el uso de las tarjetas corporativas de ALUR S.A. por lo que puede disponerse el archivo de la denuncia, sin perjuicio.”
En mayo de 2018, la Jueza Dra. Beatriz Larrieu por Decreto 390/2018, archivó la denuncia: “Atento a las emergencias del dictamen fiscal nº 410/2018 y en virtud del principio acusatorio consagrado en el art. 22 de la Constitución, archívense las actuaciones presumariales respecto de los indagados Leonardo De León…, sin perjuicio”. De ese modo, quedó laudado el tema para la Justicia Uruguaya.
Posteriormente, hace unos días, se hizo público a través de todos los medios de prensa un fallo del Tribunal de Conducta Política del FA. No es mi objetivo, adjetivar en relación al fallo ni mucho menos hacer públicos mis descargos. Solo decir, que pese a no compartir muchas de las expresiones que dicho dictamen contiene, respeto por sobretodo la institucionalidad del FA y las decisiones que allí se toman.
Más allá de lo expuesto, me es imperioso reflexionar sobre siguientes interrogantes:
Siendo el Tribunal un órgano de un partido político democrático, ¿no debería ver como un acto de grandeza y confianza plena en las instituciones que uno de sus miembros no se haya amparado en los fueros y se sometiera voluntariamente a la Justicia? Y más aún, refuerza esta idea, que luego de una profunda investigación no se encontró ninguna irregularidad.
¿Cómo debería tomarse por parte de un partido político democrático el hecho de que uno de sus miembros haya sorteado el riguroso escollo de la legalidad a través de los órganos que la Constitución establece para juzgar la conducta de todos los habitantes?
A partir de la existencia de una sentencia judicial firme que excluye el reproche penal, hoy continuo en pleno uso y goce de todos mis derechos fundamentales, como cualquier ciudadano libre.
Luego de haber recibido el dictamen de la Justicia, en mayo de este año, tomé la decisión de NO participar en las distintas instancias electorales que se desarrollarán entre 2019 y 2020 y obviamente, no asumir ninguna responsabilidad política entre 2020 y 2024.
Es una decisión que tiene en su génesis razones políticas y decisiones familiares. Mi familia, mis compañeros más cercanos de mi sector político, algunos de otros sectores, amigos, ya conocían esta decisión.
Esto no significa que voy a dejar la actividad política ni mucho menos aún, que no voy a seguir pensando que el Uruguay necesita de un proyecto de IZQUIERDA que transforme definitivamente al país, poniendo en marcha un verdadero proyecto de desarrollo que permita que cada uno de los proyectos individuales de la mayoría de los uruguayos, se sientan parte de ese gran proyecto colectivo.
Pero la razón de esta presentación ante ustedes, tiene además otro cometido. En el error o en el acierto, en la torpeza o en el virtuosismo, sepa mi Frente Amplio y toda la ciudadanía de este país que jamás cometí ningún acto ilegal, y prueba de ello, lo es el dictamen de la justicia penal. Tengo además la conciencia tranquila de que la buena fe siempre primó en mis actos.
No tengo la soberbia que caracteriza al omnipotente y además con ínfulas de sabio. Estoy en las antípodas de esa postura. Humildemente, sostengo que seguramente cometí errores, y probablemente, los seguiré cometiendo.
Considero en definitiva que esta situación está laudada, ya que como mencioné, desde el primer momento y sin ampararme en los fueros, me puse a total disposición de la Justicia -por ser el ámbito pertinente para esclarecer los hechos y alcanzar la verdad material-, siendo el órgano más garantista de todos y porque tengo la plena convicción de que no existe ningún otro ámbito o institución que pueda laudar conforme a derecho corresponde, este tipo de situaciones.
Y LA JUSTICIA SE PRONUNCIÓ. ¡AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE!
Senador Leonardo de León