Raúl Viñas, integrante de MOVUS, que a su vez forma parte del movimiento UPM2 NO, cuestionó muchos de los datos que el gobierno ha presentado a la ciudadanía respecto a la segunda planta de UPM en Uruguay.
Según Viñas, incluso, las modificaciones finales al contrato fueron firmadas por tres representantes del Poder Ejecutivo sin la autorización correspondiente. Para el ambientalista, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, no habían sido autorizados previamente.
Viñas explicó además las diferencias entre los números que presenta el gobierno y lo que, a juicio del movimiento, verdaderamente dejará la empresa al país, e insistió en que lo mejor que le puede pasar a Uruguay es dejar sin efecto el contrato firmado en 2017 con la empresa finlandesa.
Foto: Captura de video de UPM Uruguay.